En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Albal, se ha visto obligado a destinar, más de seis mil euros, en la retirada de al menos 30 toneladas de residuos y desechos, que, de forma ilegal, se han vertido en los polígonos industriales del término municipal.
El concejal de servicios urbanos, Valero Eustaquio, confirma que «en la próxima licitación del servicio de limpieza y de basura, hemos aumentado considerablemente la acción sobre los polígonos, por lo que la limpieza se verá reforzada de una forma notable», además, Eustaquio, apuntaba que «desde la administración local hemos apostado muy fuerte por dinamizar el tejido empresarial de nuestro municipio y para ello es necesario que nuestros polígonos sean competitivos, a todos los niveles».
Una situación a la que se ha llegado debido a repetidas actuaciones incívicas, tanto de empresas, como de ciudadanos, que han decidido utilizar los polígonos de Albal como vertederos: Se trata de una situación que preocupa mucho al gobierno local, que ha decidido tomar cartas en el asunto mediante una serie de medidas que pretenden poner fin a estos vertidos.
Unos vertidos ilegales que pueden tener consecuencias graves, e incluso algunas de ellas irreversibles, como las ambientales, ya que ciertos residuos pueden ser contaminantes y afectar al suelo, al agua, al aire y a la fauna y flora del municipio. Los residuos, en función de su naturaleza, pueden infiltrarse en el suelo, contaminándolo con sustancias tóxicas que pueden afectar la flora y fauna local. Otro de los posibles perjuicios, es que pueden llegar a las aguas subterráneas o superficiales, afectando ríos, lagos y acuíferos, perjudicando a los ecosistemas acuáticos y a las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.
Unas consecuencias negativas, que además de ambientales, también pueden ser sociales, económicas y legales. A nivel social, una falta de control sobre los vertidos ilegales puede provocar una degradación del paisaje, aumenta considerablemente el riesgo de Incendios y explosiones, lo que, a su vez, podría acabar provocando un impacto en la Salud Pública, causando, entre otras, enfermedades respiratorias o dérmicas, a las comunidades cercanas.
A nivel económico, la eliminación y tratamiento de los residuos ilegales, tiene altos costes para las administraciones públicas y además puede devaluar las propiedades y desalentar inversiones y desarrollo industrial en la zona.
Desde la concejalía de servicios urbanos y servicios municipales, creen que «la simple acción de retirada de los residuos no elimina el problema, puesto que en pocas fechas vuelven a realizarse», y sabiendo que se viene actuando desde hace años, con «un resultado infructuoso», el gobierno de Albal ha decidido acometer varias acciones.
Entre las novedades para reforzar la seguridad y evitar los vertidos, están, la sustitución y el aumento de las cámaras de vigilancia actuales, por unas nuevas con capacidad lectora de matrículas, una mayor vigilancia policial 24 horas y un aumento considerable de las sanciones por incumplimiento de las actuales ordenanzas municipales.
El gobierno local, cree que es fundamental implementar y hacer cumplir regulaciones estrictas para gestionar adecuadamente los residuos y proteger tanto el entorno como la comunidad local y el tejido empresarial, frente a la falta de civismo y de empatía de unos pocos.
