Once familias en situación de vulnerabilidad de Rocafort han conseguido finalmente alquileres sociales tras más de tres años de conflicto con la Sareb, gracias a la organización colectiva y a la presión ejercida por el Sindicato de Vivienda de València.
Antecedentes
Según explica el sindicato, el conflicto se inició a finales de octubre de 2022, cuando seis familias acudieron a la organización al conocer la intención de la Sareb de expulsarlas de sus viviendas.
La mayoría de ellas, según defienden desde el sindicato, «ocupaban pisos vacíos ante la falta de alternativas habitacionales y en un contexto que califican de discriminación en el acceso a la vivienda«.
Desde la organización aseguran que, «pese a la presencia de menores y personas dependientes en riesgo de exclusión social, las familias han sufrido durante este tiempo acoso inmobiliario, con cortes de agua, amenazas, dificultades para empadronarse e incluso advertencias relacionadas con la tutela de los menores».
Estas prácticas, según denuncian, «habrían sido ejercidas tanto por la Sareb como por el Ayuntamiento de Rocafort«.
En noviembre de ese mismo año, el Sindicato de Vivienda de València, junto a parte de las familias ya organizadas, logró frenar un primer desahucio, lo que permitió abrir un proceso de negociación con la Sareb. A este proceso se fueron sumando más familias hasta alcanzar un total de 15 casos.
Negociaciones siguen abiertas
No obstante, mientras las negociaciones seguían abiertas y los procedimientos estaban judicializados, la propiedad inició un proceso paralelo que derivó en el desalojo de cuatro familias mediante un dispositivo policial.
El sindicato recurrió esta actuación y, según explican, «la justicia reconoció la irregularidad, lo que permitió el realojo de las familias afectadas«.
Desde el colectivo señalan que el realojo se demoró una semana, pese a tratarse de familias con personas mayores dependientes, menores y una mujer que acababa de dar a luz. Finalmente, once de las familias han logrado formalizar alquileres sociales, un acuerdo que el sindicato considera una victoria relevante en la defensa del derecho a la vivienda.
Actualmente, continúan las negociaciones para regularizar la situación de otras cuatro viviendas, aunque desde el Sindicato de Vivienda de València insisten en que el acuerdo alcanzado marca un precedente y demuestra, según defienden, que la organización colectiva puede frenar los desahucios y garantizar soluciones habitacionales estables.
