El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha denunciado este martes el “grave deterioro” de la relación entre la institución que dirige y Les Corts Valencianes, una situación que, según ha advertido, se ha agravado especialmente en 2025 y revela una “deriva institucional peligrosa”. Luna ha presentado en la cámara autonómica el Informe anual 2025, el último del periodo ordinario de su mandato, en el que combina el balance de la actividad del Síndic con una crítica directa al trato recibido por parte del parlamento valenciano.
El responsable de la Sindicatura sostiene que existe una voluntad de debilitar a las instituciones estatutarias sin disponer de la mayoría suficiente para hacerlo. En ese contexto, ha afirmado que se pretende “tapar la boca a las instituciones para que no llegue la queja del ciudadano adonde tiene que llegar”.
Luna ha recordado que, al asumir el cargo en 2019, ofreció diálogo y cooperación a Les Corts para fortalecer la defensa de los derechos de la ciudadanía, pero esa oferta no obtuvo respuesta. Según expone, la falta de interlocución se ha traducido con el paso de los años en una pérdida de visibilidad institucional y en un distanciamiento que ahora considera especialmente preocupante.
El síndic ha lamentado que en 2025 ni siquiera pudo informar a Les Corts sobre las quejas y problemas trasladados por la ciudadanía porque no fue convocado por la cámara. A su juicio, ese hecho evidencia una falta de interés institucional por escuchar al defensor valenciano y supone un menosprecio hacia los propios ciudadanos.
Luna critica la reforma del reglamento de Les Corts
Uno de los ejes de su intervención ha sido la reforma del reglamento de Les Corts aprobada el año pasado. Según defiende, este cambio normativo “carga de interrogantes” el futuro de las instituciones estatutarias y supone una “regresión democrática” en su relación con el parlamento valenciano.
Luna sostiene que el nuevo reglamento no se ajusta a lo previsto en la ley del Síndic respecto a la exposición del informe anual, ya que la norma distingue entre la entrega formal del documento y su presentación pública ante el pleno. Esa comparecencia, según ha subrayado, es la que dota de mayor trascendencia institucional y repercusión pública a los problemas que la ciudadanía traslada al defensor.
Además, el informe advierte del riesgo que entraña la nueva redacción del reglamento al permitir intervenir las partidas presupuestarias de las instituciones estatutarias durante la tramitación de los presupuestos autonómicos. Para el síndic, se trata de una posibilidad ambigua, pero potencialmente lesiva para la independencia de organismos cuya autonomía está protegida por el Estatut.
El defensor también cita el caso de la Acadèmia Valenciana de la Llengua como una señal de alarma. Según recoge el informe, la modificación de su presupuesto durante la tramitación parlamentaria comprometió su funcionamiento y dejó en evidencia, a juicio de la institución, la fragilidad del equilibrio previsto para estos organismos.
El informe refleja más consultas, más quejas y más presión sobre los servicios sociales
Más allá del choque con Les Corts, el Informe anual de 2025 confirma el aumento de la actividad del Síndic. La oficina de atención ciudadana ha registrado 23.137 consultas, lo que supone casi un 25% más que en 2024. Además, la institución ha tramitado 5.006 quejas, un incremento del 5%, y ha iniciado 12 investigaciones de oficio.
Los Servicios Sociales continúan siendo, con diferencia, el principal foco de reclamaciones. El informe cifra en torno a 1.900 las quejas relacionadas con esta materia, especialmente por la dependencia y por los retrasos en la valoración de la discapacidad. Luna sostiene que la estructura del sistema sigue provocando duplicidades y bloqueos que no se han resuelto.
También persiste el elevado volumen de quejas relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública. Aunque este apartado baja ligeramente respecto a 2024, el Síndic considera que la gravedad del problema se mantiene y vincula esta opacidad a una falta de voluntad política.
En paralelo, la institución insiste en que el derecho a una buena administración continúa siendo uno de los grandes déficits de las administraciones públicas. La mayoría de las reclamaciones, según expone, nacen de la falta de respuesta a solicitudes y reclamaciones de la ciudadanía, una práctica que genera indefensión y alimenta la desafección.
DANA, reconstrucción y vivienda
El informe anual dedica también un espacio relevante a la DANA de 2024 y a sus consecuencias durante 2025. Tres investigaciones de oficio abiertas para supervisar la actuación posterior de las administraciones en Servicios Sociales, Educación y Vivienda se unificaron en un único expediente que ha derivado en un informe especial sobre la catástrofe y la capacidad de respuesta del sector público.
Ángel Luna denuncia además la falta de coordinación entre la Administración central y la Generalitat en la reconstrucción. A su juicio, la ausencia de cooperación efectiva entre ambas ha dificultado el avance de los trabajos y ha perjudicado a cientos de miles de damnificados. Tras una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se impulsó una queja de oficio que acabó derivando en la creación de la Comisión Mixta de reconstrucción y recuperación el pasado 4 de febrero de 2026.
El problema de la vivienda aparece igualmente entre las principales preocupaciones del Síndic. El informe avisa de que su peso relativo en las quejas se ha duplicado con creces en los últimos cinco años y critica la supresión del procedimiento de ayudas para personas sin vivienda disponible para adjudicar, eliminado en los presupuestos de la Generalitat de 2025.
