Miembros de la Agencia Valenciana Antifraude han desgranado en el juicio por el caso Erial diferentes “irregularidades” que detectaron en la privatización de las ITV promovida por el Gobierno valenciano cuando estaba presidido por Eduardo Zaplana y han aludido a una rapidez “inusual” en la aprobación, a la redacción de pliegos sin firmas y a la desaparición de criterios económicos objetivos.
Así se han pronunciado tres miembros de la Agencia, en calidad de peritos propuestos por Fiscalía, en el juicio que se sigue contra el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana, el también expresidente del Consell José Luis Olivas y otras 13 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros. Junto a estos tres funcionarios ha comparecido otro perito propuesto por la defensa de Zaplana que ha cuestionado las conclusiones de los primeros.
Los peritos han dividido su intervención en el análisis de la privatización de las ITV, por un lado, y del plan eólico, por otro. Respecto al primero, los funcionarios han afirmado que la primera “irregularidad” detecta fue la ausencia de firma en los pliegos de contratación. “No es habitual encontrarnos con pliegos que no tienen ningún tipo de firma y en los que nadie acredita su autoría”, han advertido, para agregar que sin la firma era “imposible” recusar a los autores.
Frente a ello, el perito de Zaplana ha matizado que es “frecuente” en la Administración que “muchas” propuestas lleguen sin firmar. “¿En qué norma se recoge la obligatoriedad de la firma? Son elementos de control interno de la propia organización”, ha cuestionado.
Otra “irregularidad” a la que los peritos de Antifraude han hecho alusión ha sido la ausencia del criterio económico objetivo sobre la que el interventor que participaba en el expediente hizo una advertencia y se le ignoró. De hecho, se le cesó dos días antes de que la Mesa de Contratación elevara la propuesta definitiva al Consell.
De la manera en la que se planteó, han explicado, el criterio económico suponía un 40% y, el técnico, otro 60%. Pero el económico “dejó de ser objetivo” puesto que todas las empresas iban a obtener la misma puntuación, han dicho. Esto, han asegurado, “perjudicaba a la Administración”. “La parte objetiva del concurso se quedaba, así, sin sentido puesto que todas las empresas podían llegar a la máxima puntuación. El concurso se decidió entonces por criterio subjetivos y el criterio objetivo no sirvió”, ha relatado uno de los funcionarios.
En tercer lugar, los técnicos han cuestionado el hecho de que se obligara a todos los licitadores aplicar a todos los lotes ofertados –cinco–, lo que atentaba al principio de libre concurrencia. “Se establecía una fianza provisional por cada lote y se limitaba así la participación de empresas que no tenían suficiente capacidad económica. Pero, además, se tenía que pagar un canon antes de formalizar el contrato que suponía 1.045 millones de pesetas en uno de los lotes, por ejemplo. Esto limitaba la libre competencia y participación de pymes con experiencia en gestión de las ITV”, han subrayado.
El perito de Zaplana ha replicado que con la oferta por lotes se buscaba que no hubiera ningún lote que se quedara sin adjudicatario. “Era la única manera. Hubo concurrencia de varias empresas en cada uno de los lotes y no hubo impugnaciones”, ha puntualizado.
Por otro lado, los peritos de Antifraude han cuestionado que se creara una comisión de estudio, “de manera unilateral” por el secretario general de la Conselleria, para que puntuara a las licitadoras y, sin embargo, únicamente ofreciera criterios y subcriterios. Además, han asegurado que “lo normal” es que fuera la propia Mesa de Contratación la que pidiera esta comisión de expertos.
“Es normal que la Mesa de Contratación, en un expediente tan complejo, pida auxilio a un comité de expertos. Pero es una decisión que solo puede ejercer la Mesa. Y lo más sorprendente es que este órgano experto no valoró ni llevó propuestas concretas”. Además, los subcriterios que luego se valoraron no figuraban en los pliegos y esto atentaba contra el principio de igualdad.
Con el informe de los expertos, recibido el 5 de noviembre de 1997, han agregado los peritos, la Mesa de Contratación asignó ese mismo día puntos individuales a las ofertas “con criterios subjetivos”. Al respecto, han expuesto que “materialmente no habían tenido tiempo para hacer una valoración y fijar los puntos. Se hizo con mucha rapidez, inusual”, han expresado.
Frente a ello, el perito propuesto por la defensa de Zaplana ha puntualizado que la ley “no dice quién tiene que nombrar a la comisión asesora” y ha destacado que “la función de la Mesa es adjudicar y, la de la comisión, ayudar. Si se aplicaron criterios y subcriterios ya se estaba ayudando a la Mesa”, ha sostenido.
Relevado dos días antes
Los peritos también han indicado que les ha llamado la atención que se relevara al interventor del procedimiento dos días antes de que tuviera lugar la última Mesa de Contratación, en la que se elevaba su propuesta de adjudicación a la Conselleria. Esta decisión dependía de la Conselleria de Economía, liderada entonces por José Luis Olivas.
“Era un problema importante porque en dos días era imposible que el nuevo interventor designado pudiera compaginar su trabajo con una Mesa de Contratación de tanta complejidad. A mí no me ha pasado nunca”, ha afirmado un técnico. Al respecto, el perito de Zaplana ha dicho: “Piensan que se cambió por no interesar y eso no está demostrado”.
Una última “irregularidad” a la que han aludido los peritos de Antifraude es que el acta de contratación que se elevó a Conselleria no estaba firmada por el presidente ni por ningún miembro de la Mesa. “Y esto no es un vicio normal. El acta debe estar firmada, por ley, por el presidente, el secretario y por todos los vocales que hagan manifestaciones”, han recordado.
En su informe, los peritos de Antifraude realizaron una simulación sobre si se habría escogido a la misma empresa para las ITV si se hubieran tenido en cuenta criterios económicos objetivos y la respuesta fue que “no”. “El adjudicatario hubiera sido distinto”, han advertido. “La parte económica no tuvo efecto ninguno en el concurso y nosotros sí la tuvimos en cuenta para ver el resultado”, han dicho.
El plan eólico
Por otro lado, los peritos de Antifraude se han referido a otro informe que elaboraron sobre los parques eólicos. Al respecto, han puesto de manifiesto que no se trataba de un procedimiento de contratación pública sino de un concurso de libre concurrencia. “Se presentaron solicitantes, licitadores, y la Administración hizo una relación para ver los proyectos más idóneos de cada zona”, han explicado.
Surgió a través de la aprobación, por parte del Gobierno valenciano cuando estaba presidido por Zaplana, del plan eólico de la Comunitat. Los peritos han indicado que el principal “problema” que observaron era relativo a los criterios objetivos predeterminados. “Vemos que se hablaba en todo momento de que se establecerían criterios objetivos predeterminados y a medida que analizábamos los documentos veíamos que no se establecían los criterios y que no había ningún instrumento que regulase las condiciones”, han afirmado.
“Nuestra sorpresa fue –han agregado– que se constituyó la comisión de evaluación del plan, que tampoco fijaba criterios, y fue en una sesión posterior en la que se incorporó un informe. Lo grave era que se establecían los criterios con posterioridad a haberse conocido el contenido de los diferentes proyectos y solicitudes”, han subrayado. “Esto era la puerta abierta a la desviación de poder”, han apostillado.
