El Consell ha aprobado un decreto que habilita 455.000 euros en ayudas directas de alquiler para las personas propietarias que perdieron su vivienda habitual en el incendio del 22 de febrero de 2024 en Campanar. La medida refuerza el compromiso de garantizar una alternativa habitacional mientras avanzan los procesos de recuperación de las viviendas siniestradas.
Importes y requisitos
La dotación se destinará a cubrir el arrendamiento de quienes se vieron obligados a alquilar tras la destrucción total del inmueble. El importe máximo subvencionable equivale al valor mensual del alquiler, con un límite de 1.000 euros. Ese tope puede ampliarse hasta 1.500 euros cuando en la unidad de convivencia figure más de una persona residente en la vivienda destruida, con incrementos de 100 euros por cada conviviente adicional. A modo orientativo, un hogar con tres convivientes podría alcanzar hasta 1.700 euros si la renta lo justifica.
El periodo subvencionable abarca hasta doce mensualidades dentro del ejercicio 2025. La financiación procede de los presupuestos de la Generalitat para 2025 y el decreto se tramita por concesión directa debido a la singularidad y urgencia del suceso, lo que permite agilizar la respuesta y centrarla en los pagos imprescindibles para mantener la vivienda alternativa.
Las personas beneficiarias deberán presentar el contrato de arrendamiento y los justificantes de pago de las mensualidades. De este modo, la percepción queda vinculada a gastos efectivamente asumidos. Para quienes ya recibieron apoyo en 2024, la nueva línea cubrirá los meses posteriores a la última mensualidad subvencionada ese año y se extenderá, en su caso, hasta diciembre de 2025, evitando solapamientos y asegurando continuidad.
Estas ayudas se suman a los 694.975 euros concedidos en 2024 a propietarios e inquilinos del edificio. En ese periodo también se amplió el tiempo de ayuda a los inquilinos de 3 a 6 meses, lo que permitió sostener el alquiler durante más tiempo en un mercado tensionado. En total, se concedieron ayudas a 41 propietarios y 36 inquilinos que reunían los requisitos.
Con el nuevo decreto, la Generalitat centra el foco en las familias propietarias más afectadas y aporta un colchón económico mientras se resuelven trámites y obras de recuperación. El objetivo es preservar la estabilidad residencial y facilitar que los hogares planifiquen su retorno o, si fuera necesario, una alternativa a medio plazo.
