El juzgado de lo social número 6 de València ha determinado que el Ayuntamiento de esta ciudad debe acabar con la “doble escala salarial” que se da entre trabajadores de Valencia Activa para así equiparar las retribuciones de los empleados de esta fundación municipal.
La resolución judicial se refiere a trabajadores de esta entidad, dependiente de la Concejalía de Empleo, que fueron contratados a partir de 2012, “que perciben un salario con arreglo a lo establecido en el convenio colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Valencia“, mientras que “nueve trabajadores fijos contratados con anterioridad al año 2012” cobran más, ya que sus retribuciones son “conforme a las tablas salariales del Ayuntamiento, percibiendo el 100% del salario en los periodos de incapacidad temporal y un complemento de antigüedad“.
El fallo se recoge en un sentencia del citado juzgado fechada el pasado 21 de junio y emitida tras la demanda de UGT Servicios Públicos, que reclamaba que se reconociera “el derecho de los afectados por el presente conflicto colectivo”, los contratados a partir de 2012, “a percibir sus retribuciones en las cuantías que el resto de trabajadores fijos vienen percibiendo con arreglo a las tablas salariales del Ayuntamiento de València, según categoría y grupo de pertenencia“.
El sindicato pedía también, como recoge el fallo consultado por Europa Press, que esos empleados perciban “el complemento de antigüedad en los mismos términos que el resto de trabajadores fijos a los que se les retribuye con las tablas salariales del personal” del consistorio. Igualmente, sobre los periodos de incapacidad laboral temporal solicitaba aplicar “la misma compensación del 100% que al personal fijo que la percibe en los mismos términos que el personal al servicio del Ayuntamiento“.
El juzgado recuerda que en 2023 se presentó demanda de conciliación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral que terminó sin acuerdo, tras lo que en enero de 2024 se presentó la demanda de “conflicto colectivo” que ahora se ha resuelto.
La sentencia declara probado que en una sesión del patronato de Valencia Activa en septiembre de 2005 se acordó –según “lo aprobado en el consejo permanente de julio de 2005– equipar la retribución de personal de la entidad “a las del personal de igual categoría del Ayuntamiento de València“.
Asimismo, recoge que, “examinadas las citadas tablas retributivas –las de funcionarios para 2005 con fecha de referencia noviembre de 2004–“, se acordó “por unanimidad aprobarlas, siendo a partir de este momento la referencia salarial del personal de la fundación”. Después, en una junta de enero de 2006 Valencia Activa acordó de nuevo esas tablas salariales.
Por otro lado, en el consejo permanente de 2005 mencionado se acordó “que el personal que se contrate como consecuencia de los planes y programas que elabore la fundación se someterá a las retribuciones salariales que marcan los correspondientes convenios laborales de cada sector”.
La sentencia indica que “todos los contratos de trabajo celebrados” por Valencia Activa “hacen constar que el convenio colectivo de aplicación es el de oficinas y despachos de la provincia”, pero precisa que “ello no obstante, nueve trabajadores fijos contratados con anterioridad a 2012, perciben sus retribuciones conforme a las tablas salariales del Ayuntamiento” y que los contratados a partir de ese año “perciben su salario con arreglo a lo establecido en el convenio colectivo de oficinas y despachos“.
El juzgado constata que “los trabajadores que reciben su salario con arreglo a las tablas” del consistorio cobran “un salario superior al que reciben los trabajadores a los que se aplica el régimen retributivo del convenio” al que se ha hecho referencia.
“A la vista de lo actuado, –razona– no puede sino concluirse que la demandada no ha aportado prueba alguna que ampare la diferente escala salarial existente entre unos u otros trabajadores, sin que constituya razón suficiente a los efectos que aquí se pretenden la limitación presupuestaria aducida por la demandada, debiendo concluir el derecho de todos los trabajadores de la misma a ser retribuidos con arreglo a la misma escala salarial“.
El fallo, contra el que cabe recurso, señala que “estimando parcialmente” la demanda de UGT se declara “el derecho de los trabajadores afectados por el conflicto colectivo, retribuidos con arreglo a lo dispuesto en el convenio colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Valencia, a ser retribuidos por todos los conceptos en la misma forma que el resto de trabajadores de la fundación, tomando como referencia las tablas salariales del Ayuntamiento de Valencia, según la categoría y grupo de pertenencia que les corresponda”.
“VERDADERA IGUALDAD”
El segundo teniente de alcalde, portavoz de Vox y edil de Empleo, Juanma Badenas, ha anunciado que Valencia Activa no recurrirá el fallo. “Reconocemos que todos los trabajadores, independientemente de su fecha de contratación, merecen un trato equitativo y justo. La sentencia reconoce este derecho y al no recurrirla, reafirmamos nuestro compromiso con estos valores” y se “avanza hacia una verdadera igualdad“, ha dicho.
Badenas ha aludido a la gestión en Valencia Activa durante los dos mandatos anteriores –entre 2015 y 2023–, liderados por Compromís y PSPV y en los que los socialistas estuvieron al frente de la fundación.
El edil de Empleo, en declaraciones remitidas a los medios, ha considerado “vergonzoso que algunos partidos como el PSOE y Compromís, que se posicionan públicamente a favor de la igualdad salarial, hayan permitido prácticas que fomentan desigualdades dentro de un organismo público”. Y, en este punto, ha anunciado el estudio de “medidas legales contra exresponsables socialistas que dirigieron Valencia Activa”, entre los que cita a Sandra Gómez, Borja Sanjuán y Javier Mateo.
“SER VALIENTE Y DENUNCIAR”
Este último ha animado a Badenas “a ser valiente y denunciar” esa “mala praxis” en Valencia Activa, al tiempo que ha remarcado que esta “viene de 2005”, que “se certificó y se ratificó en 2006” y que “las últimas contrataciones mal hechas según dice la sentencia son de 2012”. Mateo ha dicho al portavoz de Vox que entonces “gobernaba el PP, su socio de gobierno” en la actualidad. “Como PSOE nos sumaremos a esa denuncia de mala praxis”, ha añadido.
Por su parte, preguntada por este asunto, la alcaldesa, María José Catalá (PP), ha indicado que desconoce el detalle de la sentencia y que la leerá a lo largo de este miércoles.
