El Ayuntamiento de València se personará en las diligencias penales que se tramitan ante el Juzgado número 20 de València por los incidentes acaecidos en la madrugada del 18 de marzo, durante las Fallas 2024 –en los que resultaron heridos tres agentes de la Policía Local y se produjeron daños a bienes materiales— para “llegar hasta las últimas consecuencias” y que “caiga todo el peso de la ley” sobre los responsables.
Así, lo ha señalado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, en rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, en la que se ha acordado emprender acciones legales en este caso.
En ese sentido, ha recalcado que los incidentes producidos en el tramo XI del río fueron “una auténtica batalla campal e ilegal producida por unos energúmenos que estaban disparando auténticas bombas, artefactos pirotécnicos ilegales” que pusieron “en grave riesgo” la integridad física de funcionarios de Bomberos y Policía Local que tuvieron que actuar para “restablecer el orden público“.
En concreto, ha señalado que el lanzamiento múltiple de artificios pirotécnicos como carretillas, carcasas de gran tamaño o cohetes explosivos produjo que un contenedor se incendiara con la consiguiente intervención de una unidad de Bomberos. Este material pirotécnico también se lanzó con “gran agresividad” contra los Bomberos y agentes de la Policía local, lo que “les obligó a replegarse y abandonar la zona”. El resultado de la intervención se saldó con tres agentes heridos de diversa consideración, daños a bienes materiales y un detenido.
Por otra parte, pocos días después de los hechos la alcaldesa María José Catalá convocó una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad y en abril, se decidió crear una Comisión Técnica Permanente para evitar la entrada de material pirotécnico ilegal en las Fallas.
Durante las Fallas de 2024, la Policía Local realizó cerca de 200 intervenciones, se incautaron 83 kilos de pólvora y más de 9.000 unidades de material explosivo, de las que un 7% era producto ilegal por tratarse de fabricación casera, material sin etiquetar o con etiquetaje falsificado.
