Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’, ha afirmado este lunes a su llegada a la Ciudad de la Justicia que no es un ‘trabajador zombie‘. Según ha dicho, ‘los zombies son otros’ y él sí trabajaba.
Benavent vuelve a sentarse hoy en el banquillo, junto a tres empresarios y el exgerente de una fundación, para responder por el supuesto amaño, entre 2003 y 2008, de varios contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València a cambio de comisiones ilícitas.
La vista busca aclarar el papel de cada acusado y si hubo adjudicaciones dirigidas y pagos a cambio de contratos.
Juicio por amaños en Cultura
La Fiscalía solicita seis años y seis meses de prisión para Benavent por delitos continuados de cohecho y malversación de caudales públicos, además de prevaricación administrativa.
En su caso, el Ministerio Público aprecia la atenuante de confesión por su colaboración con la investigación, una circunstancia que, de ser aceptada, podría reducir la pena solicitada.
Otras acusaciones
Junto a Benavent, Anticorrupción acusa a Vicente Burgos Antón, exgerente de la Fundación pública Jaume II El Just, para quien pide cinco años de prisión por un delito continuado de malversación.
A su llegada a los juzgados, Burgos ha asegurado que Benavent ‘claro que trabajaba’, que desempeñaba funciones para la fundación y que está ‘tranquilo en ese aspecto’.
Cobro de un salario púbica sin desempeñas funciones reales
Según el escrito de acusación, Burgos permitió que Benavent cobrara durante años un salario público sin desempeñar funciones reales, mientras realizaba tareas para el Partido Popular. Este comportamiento es el que se identifica como el de un ‘trabajador zombie‘: percibir una retribución pública sin una labor efectiva, extremo que la acusación vincula con la malversación.
El caso analiza, en definitiva, si se desviaron recursos públicos mediante contratos amañados y retribuciones sin trabajo real, y si hubo intercambio de comisiones a cambio de adjudicaciones. La resolución del tribunal deberá fijar responsabilidades y penas en función de la participación que quede acreditada en hechos que, según la acusación, se habrían desarrollado entre 2003 y 2008.
