El sector agrario de la Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 con un balance negativo, condicionado por la meteorología adversa, la presión de las importaciones, el avance de plagas y enfermedades, los recortes presupuestarios y una acusada falta de relevo generacional. Según el balance anual de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, las pérdidas económicas asociadas a los distintos episodios climáticos registrados a lo largo del año superan los 150 millones de euros, una cifra que se suma a los efectos todavía visibles de la dana del 29 de octubre de 2024 y que mantiene al sector en una situación de elevada vulnerabilidad.
El ejercicio se ha cerrado además con movilizaciones y protestas por parte de la organización agraria, que no se dan por concluidas y que, según ha advertido LA UNIÓ, tendrán continuidad en los primeros meses de 2026 ante la falta de respuestas estructurales a los problemas que arrastra el campo valenciano.
Un año condicionado por la meteorología extrema
La meteorología ha vuelto a pasar factura al campo valenciano en un año marcado por la sucesión de episodios de lluvias intensas, tormentas con pedrisco y fenómenos extremos. Solo en los últimos días del año, LA UNIÓ ha estimado en 3 millones de euros las pérdidas directas causadas por un nuevo temporal de lluvias y granizo.
A lo largo de 2025 se han sucedido varios episodios con impacto directo sobre las explotaciones agrarias. A comienzos de mayo, una tormenta con pedrisco provocó daños valorados en cerca de 8 millones de euros, mientras que en junio se registró otro episodio con pérdidas estimadas en 3 millones. En julio, un fenómeno excepcional afectó a comarcas como la Plana Baixa, el Alto Palancia y el Camp de Morvedre, con daños que superaron los 30 millones de euros. En septiembre, un nuevo episodio dejó pérdidas adicionales cercanas a los 2 millones.
A estos daños directos se suma la pérdida de capacidad productiva derivada de la dana de octubre de 2024. Un año después de aquel episodio, LA UNIÓ ha cifrado en 214.000 toneladas la merma de producción acumulada en distintos cultivos, con un valor económico de 103,6 millones de euros. Se trata de ingresos que dejarán de percibir los agricultores y ganaderos afectados en cultivos como cítricos, caqui, viña, olivar, frutos secos, frutales, hortalizas y viveros de flor y planta ornamental, y que se añaden a las pérdidas directas superiores a los 1.000 millones de euros que ya provocó la dana en su momento.
Recuperación desigual y ayudas insuficientes
La recuperación de las parcelas afectadas se ha producido de forma muy desigual en el territorio. Algunas explotaciones han logrado rehacerse parcialmente gracias a las ayudas públicas iniciales, a las actuaciones de Tragsa, al esfuerzo directo de los agricultores y a la solidaridad del propio sector. Sin embargo, en amplias zonas de la Comunitat Valenciana las infraestructuras agrarias, como caminos rurales, acequias o sistemas de riego, siguen sin estar plenamente operativas.
Desde LA UNIÓ se subraya además la lentitud en la llegada de las ayudas públicas. Las ayudas directas concedidas en los primeros momentos y las indemnizaciones de Agroseguro han sido un apoyo necesario para iniciar la recuperación, pero claramente insuficiente para compensar la magnitud real de los daños. La mayoría de estas ayudas se han articulado bajo el régimen de minimis, lo que ha limitado a 25.000 euros la cantidad máxima a la que ha podido acceder cada agricultor o ganadero afectado, una cifra que la organización considera totalmente insuficiente para recuperar la capacidad productiva de las explotaciones con garantías.
A esta situación se añade el caso de las parcelas agrícolas incorporadas al Dominio Público Hidráulico, que representan alrededor del 6 % de las superficies afectadas por la dana. Sus propietarios se encuentran en un limbo administrativo, sin información clara sobre cuándo cobrarán las ayudas ni sobre el importe que les corresponderá. LA UNIÓ ha reclamado de forma reiterada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que resuelva estas incertidumbres y garantice los derechos de los propietarios.
Fiscalidad y agravios territoriales
Las reducciones fiscales aplicadas en 2025 a agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana se han quedado, según la organización, muy lejos de paliar los efectos de un año climatológico excepcionalmente adverso. LA UNIÓ considera además que estas medidas han sido incoherentes y han generado agravios comparativos entre productores en función de su lugar de empadronamiento o del tipo de cultivo, sin atender a la realidad de los daños sufridos.
La falta de relevo generacional, un problema estructural
Uno de los ejes centrales del balance agrario de 2025 es la preocupante falta de relevo generacional. Los datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (EEA) correspondiente a 2023, publicada en 2025, reflejan cambios estructurales que afectan de lleno al futuro del sector.
El número de explotaciones agrarias en la Comunitat Valenciana ha descendido un 21,4 %, situándose en 78.821, mientras que la Superficie Agraria Útil (SAU) ha caído hasta las 533.833 hectáreas, un 9,4 % menos. Al mismo tiempo, la superficie media por explotación ha aumentado un 15,8 %, hasta las 6,83 hectáreas, una cifra que sigue muy por debajo de la media nacional y que solo supera a la de Canarias. Este dato confirma la persistencia del minifundismo como rasgo estructural de la agricultura valenciana.
La encuesta revela además un acusado envejecimiento de los titulares de las explotaciones. El número de jefes de explotación menores de 34 años ha disminuido un 10,4 % en tres años. Solo el 7,1 % de los titulares tiene menos de 40 años, mientras que el 56 % supera los 55 años, una situación que compromete seriamente la continuidad de muchas explotaciones y la viabilidad futura del sector.
En este contexto, LA UNIÓ valora la publicación en 2025 de la convocatoria de ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, que llevaba sin convocarse desde 2021, pero advierte de que resulta insuficiente. La organización ha desarrollado un programa de acompañamiento y asesoramiento que ha llegado a contar con más de 200 jóvenes en lista de espera interesados en incorporarse a la actividad agraria o en realizar inversiones en sus explotaciones.
Recortes presupuestarios en agricultura
El balance anual también pone el foco en los recortes presupuestarios aplicados en 2025 al sector agrario valenciano. Entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre, el Consell de la Generalitat redujo o suprimió 54 millones de euros de fondos inicialmente destinados a agricultura para derivarlos a otras finalidades.
El 14 de octubre se eliminó una línea presupuestaria de la Conselleria de Agricultura dotada con 26,7 millones de euros, destinada a la recuperación de la capacidad productiva de las parcelas afectadas por la dana de 2024. Posteriormente, el 4 de noviembre, se aprobó una minoración adicional de 27,38 millones en el presupuesto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, con impacto directo sobre fondos FEADER y PEPAC y sobre la cofinanciación autonómica y estatal.
Estas decisiones, según LA UNIÓ, reducen de forma significativa el margen presupuestario disponible para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la continuidad de la actividad agraria, y afectan de manera especial a sectores ya debilitados. Entre ellos, el sector cunícola, que ha quedado sin ayudas en 2025 tras la supresión de una convocatoria dotada con 350.000 euros.
La PAC y la pérdida de perceptores
La Política Agraria Común continúa siendo otro de los elementos de preocupación. En 2024, último año con datos completos conocidos en 2025, el número de perceptores de ayudas directas de la PAC en la Comunitat Valenciana descendió un 14 %, lo que supone 5.476 perceptores menos. El descenso ha sido más acusado entre las mujeres (16 %) que entre los hombres (13 %).
Solo 188 perceptores tienen menos de 25 años, el 0,56 % del total, y entre los 25 y 40 años se contabilizan 1.775, con una caída del 4 % respecto al año anterior. En el extremo opuesto, el número de perceptores mayores de 65 años también ha disminuido de forma significativa, con 15.937 beneficiarios en 2024, un 18 % menos que en 2023.
A este contexto se suma la preocupación por el recorte del 22 % que plantea el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y la posible dilución de la PAC en planes multisectoriales, una combinación que, según LA UNIÓ, pone en riesgo el relevo generacional y el futuro del campo.
Protestas por los acuerdos comerciales y el contexto internacional
El año ha estado marcado igualmente por la oposición del sector agrario a los acuerdos comerciales con terceros países. Las protestas impulsadas por LA UNIÓ en València y Madrid en diciembre lograron retrasar un mes la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, además de introducir algunas salvaguardas.
Entre ellas destaca la inclusión de los cítricos como producto sensible, junto a otros como las aves de corral, la carne de vacuno, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar. No obstante, la organización advierte de que se trata de una victoria parcial. Un estudio propio señala que la balanza comercial agraria entre Mercosur y España es claramente deficitaria en los productos más afectados, con un déficit superior a las 240.000 toneladas.
LA UNIÓ ha anunciado nuevas movilizaciones en febrero de 2026, tanto contra los recortes de la PAC como contra los acuerdos comerciales que, a su juicio, no garantizan cláusulas espejo ni condiciones de competencia equitativas.
El sector agrario de la Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 con un balance negativo, condicionado por la meteorología adversa, la presión de las importaciones, el avance de plagas y enfermedades, los recortes presupuestarios y una acusada falta de relevo generacional. Según el balance anual de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, las pérdidas económicas asociadas a los distintos episodios climáticos registrados a lo largo del año superan los 150 millones de euros, una cifra que se suma a los efectos todavía visibles de la dana del 29 de octubre de 2024 y que mantiene al sector en una situación de elevada vulnerabilidad.
El ejercicio se ha cerrado además con movilizaciones y protestas por parte de la organización agraria, que no se dan por concluidas y que, según ha advertido LA UNIÓ, tendrán continuidad en los primeros meses de 2026 ante la falta de respuestas estructurales a los problemas que arrastra el campo valenciano.
Un año condicionado por la meteorología extrema
La meteorología ha vuelto a pasar factura al campo valenciano en un año marcado por la sucesión de episodios de lluvias intensas, tormentas con pedrisco y fenómenos extremos. Solo en los últimos días del año, LA UNIÓ ha estimado en 3 millones de euros las pérdidas directas causadas por un nuevo temporal de lluvias y granizo.
A lo largo de 2025 se han sucedido varios episodios con impacto directo sobre las explotaciones agrarias. A comienzos de mayo, una tormenta con pedrisco provocó daños valorados en cerca de 8 millones de euros, mientras que en junio se registró otro episodio con pérdidas estimadas en 3 millones. En julio, un fenómeno excepcional afectó a comarcas como la Plana Baixa, el Alto Palancia y el Camp de Morvedre, con daños que superaron los 30 millones de euros. En septiembre, un nuevo episodio dejó pérdidas adicionales cercanas a los 2 millones.
A estos daños directos se suma la pérdida de capacidad productiva derivada de la dana de octubre de 2024. Un año después de aquel episodio, LA UNIÓ ha cifrado en 214.000 toneladas la merma de producción acumulada en distintos cultivos, con un valor económico de 103,6 millones de euros. Se trata de ingresos que dejarán de percibir los agricultores y ganaderos afectados en cultivos como cítricos, caqui, viña, olivar, frutos secos, frutales, hortalizas y viveros de flor y planta ornamental, y que se añaden a las pérdidas directas superiores a los 1.000 millones de euros que ya provocó la dana en su momento.
Recuperación desigual y ayudas insuficientes
La recuperación de las parcelas afectadas se ha producido de forma muy desigual en el territorio. Algunas explotaciones han logrado rehacerse parcialmente gracias a las ayudas públicas iniciales, a las actuaciones de Tragsa, al esfuerzo directo de los agricultores y a la solidaridad del propio sector. Sin embargo, en amplias zonas de la Comunitat Valenciana las infraestructuras agrarias, como caminos rurales, acequias o sistemas de riego, siguen sin estar plenamente operativas.
Desde LA UNIÓ se subraya además la lentitud en la llegada de las ayudas públicas. Las ayudas directas concedidas en los primeros momentos y las indemnizaciones de Agroseguro han sido un apoyo necesario para iniciar la recuperación, pero claramente insuficiente para compensar la magnitud real de los daños. La mayoría de estas ayudas se han articulado bajo el régimen de minimis, lo que ha limitado a 25.000 euros la cantidad máxima a la que ha podido acceder cada agricultor o ganadero afectado, una cifra que la organización considera totalmente insuficiente para recuperar la capacidad productiva de las explotaciones con garantías.
A esta situación se añade el caso de las parcelas agrícolas incorporadas al Dominio Público Hidráulico, que representan alrededor del 6 % de las superficies afectadas por la dana. Sus propietarios se encuentran en un limbo administrativo, sin información clara sobre cuándo cobrarán las ayudas ni sobre el importe que les corresponderá. LA UNIÓ ha reclamado de forma reiterada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que resuelva estas incertidumbres y garantice los derechos de los propietarios.
Fiscalidad y agravios territoriales
Las reducciones fiscales aplicadas en 2025 a agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana se han quedado, según la organización, muy lejos de paliar los efectos de un año climatológico excepcionalmente adverso. LA UNIÓ considera además que estas medidas han sido incoherentes y han generado agravios comparativos entre productores en función de su lugar de empadronamiento o del tipo de cultivo, sin atender a la realidad de los daños sufridos.
La falta de relevo generacional, un problema estructural
Uno de los ejes centrales del balance agrario de 2025 es la preocupante falta de relevo generacional. Los datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (EEA) correspondiente a 2023, publicada en 2025, reflejan cambios estructurales que afectan de lleno al futuro del sector.
El número de explotaciones agrarias en la Comunitat Valenciana ha descendido un 21,4 %, situándose en 78.821, mientras que la Superficie Agraria Útil (SAU) ha caído hasta las 533.833 hectáreas, un 9,4 % menos. Al mismo tiempo, la superficie media por explotación ha aumentado un 15,8 %, hasta las 6,83 hectáreas, una cifra que sigue muy por debajo de la media nacional y que solo supera a la de Canarias. Este dato confirma la persistencia del minifundismo como rasgo estructural de la agricultura valenciana.
La encuesta revela además un acusado envejecimiento de los titulares de las explotaciones. El número de jefes de explotación menores de 34 años ha disminuido un 10,4 % en tres años. Solo el 7,1 % de los titulares tiene menos de 40 años, mientras que el 56 % supera los 55 años, una situación que compromete seriamente la continuidad de muchas explotaciones y la viabilidad futura del sector.
En este contexto, LA UNIÓ valora la publicación en 2025 de la convocatoria de ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, que llevaba sin convocarse desde 2021, pero advierte de que resulta insuficiente. La organización ha desarrollado un programa de acompañamiento y asesoramiento que ha llegado a contar con más de 200 jóvenes en lista de espera interesados en incorporarse a la actividad agraria o en realizar inversiones en sus explotaciones.
Recortes presupuestarios en agricultura
El balance anual también pone el foco en los recortes presupuestarios aplicados en 2025 al sector agrario valenciano. Entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre, el Consell de la Generalitat redujo o suprimió 54 millones de euros de fondos inicialmente destinados a agricultura para derivarlos a otras finalidades.
El 14 de octubre se eliminó una línea presupuestaria de la Conselleria de Agricultura dotada con 26,7 millones de euros, destinada a la recuperación de la capacidad productiva de las parcelas afectadas por la dana de 2024. Posteriormente, el 4 de noviembre, se aprobó una minoración adicional de 27,38 millones en el presupuesto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, con impacto directo sobre fondos FEADER y PEPAC y sobre la cofinanciación autonómica y estatal.
Estas decisiones, según LA UNIÓ, reducen de forma significativa el margen presupuestario disponible para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la continuidad de la actividad agraria, y afectan de manera especial a sectores ya debilitados. Entre ellos, el sector cunícola, que ha quedado sin ayudas en 2025 tras la supresión de una convocatoria dotada con 350.000 euros.
La PAC y la pérdida de perceptores
La Política Agraria Común continúa siendo otro de los elementos de preocupación. En 2024, último año con datos completos conocidos en 2025, el número de perceptores de ayudas directas de la PAC en la Comunitat Valenciana descendió un 14 %, lo que supone 5.476 perceptores menos. El descenso ha sido más acusado entre las mujeres (16 %) que entre los hombres (13 %).
Solo 188 perceptores tienen menos de 25 años, el 0,56 % del total, y entre los 25 y 40 años se contabilizan 1.775, con una caída del 4 % respecto al año anterior. En el extremo opuesto, el número de perceptores mayores de 65 años también ha disminuido de forma significativa, con 15.937 beneficiarios en 2024, un 18 % menos que en 2023.
A este contexto se suma la preocupación por el recorte del 22 % que plantea el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y la posible dilución de la PAC en planes multisectoriales, una combinación que, según LA UNIÓ, pone en riesgo el relevo generacional y el futuro del campo.
Protestas por los acuerdos comerciales y el contexto internacional
El año ha estado marcado igualmente por la oposición del sector agrario a los acuerdos comerciales con terceros países. Las protestas impulsadas por LA UNIÓ en València y Madrid en diciembre lograron retrasar un mes la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, además de introducir algunas salvaguardas.
Entre ellas destaca la inclusión de los cítricos como producto sensible, junto a otros como las aves de corral, la carne de vacuno, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar. No obstante, la organización advierte de que se trata de una victoria parcial. Un estudio propio señala que la balanza comercial agraria entre Mercosur y España es claramente deficitaria en los productos más afectados, con un déficit superior a las 240.000 toneladas.
LA UNIÓ ha anunciado nuevas movilizaciones en febrero de 2026, tanto contra los recortes de la PAC como contra los acuerdos comerciales que, a su juicio, no garantizan cláusulas espejo ni condiciones de competencia equitativas.
Plagas, enfermedades y fauna salvaje
El avance de plagas y enfermedades ha mantenido al sector en una situación de alerta permanente. Destaca la expansión del Scirtothrips aurantii, conocido como trips de Sudáfrica, que afecta ya a la práctica totalidad de las zonas productoras de cítricos, caqui, granada y potencialmente a algunas hortalizas, devaluando el valor comercial de los frutos.
En el ámbito ganadero, la presencia de lengua azul, la detección de peste porcina, los riesgos de gripe aviar y la aparición de un foco de la enfermedad de Newcastle han generado una situación de elevada preocupación, ante la que LA UNIÓ reclama mayor información y protocolos claros por parte de la administración autonómica.
A ello se suma el impacto creciente de la fauna salvaje, con pérdidas que superan los 60 millones de euros en 2025, especialmente por la proliferación de jabalíes y conejos. La organización ha reclamado medidas urgentes de control poblacional, limpieza de parcelas abandonadas y líneas específicas de ayuda para los ayuntamientos.
Un sector en alerta ante 2026
El balance agrario de 2025 dibuja un escenario de fragilidad estructural para el campo valenciano. A los efectos acumulados de la meteorología extrema se suman problemas históricos que siguen sin resolverse: precios en origen insuficientes, presión de las importaciones, envejecimiento del sector, falta de rentabilidad y una respuesta institucional que LA UNIÓ considera tardía e insuficiente.
Con este contexto, la organización agraria ha advertido de que las protestas continuarán en 2026 si no se adoptan medidas estructurales que garanticen la viabilidad económica, social y territorial del sector agrario valenciano.
Plagas, enfermedades y fauna salvaje
El avance de plagas y enfermedades ha mantenido al sector en una situación de alerta permanente. Destaca la expansión del Scirtothrips aurantii, conocido como trips de Sudáfrica, que afecta ya a la práctica totalidad de las zonas productoras de cítricos, caqui, granada y potencialmente a algunas hortalizas, devaluando el valor comercial de los frutos.
En el ámbito ganadero, la presencia de lengua azul, la detección de peste porcina, los riesgos de gripe aviar y la aparición de un foco de la enfermedad de Newcastle han generado una situación de elevada preocupación, ante la que LA UNIÓ reclama mayor información y protocolos claros por parte de la administración autonómica.
A ello se suma el impacto creciente de la fauna salvaje, con pérdidas que superan los 60 millones de euros en 2025, especialmente por la proliferación de jabalíes y conejos. La organización ha reclamado medidas urgentes de control poblacional, limpieza de parcelas abandonadas y líneas específicas de ayuda para los ayuntamientos.
Un sector en alerta ante 2026
El balance agrario de 2025 dibuja un escenario de fragilidad estructural para el campo valenciano. A los efectos acumulados de la meteorología extrema se suman problemas históricos que siguen sin resolverse: precios en origen insuficientes, presión de las importaciones, envejecimiento del sector, falta de rentabilidad y una respuesta institucional que LA UNIÓ considera tardía e insuficiente.
Con este contexto, la organización agraria ha advertido de que las protestas continuarán en 2026 si no se adoptan medidas estructurales que garanticen la viabilidad económica, social y territorial del sector agrario valenciano.
