Francisco Camps ha negado haber gastado 15.000 euros en combustible con su coche oficial en un año, como ha denunciado recientemente Compromís, y asegura que el coste real del carburante no supera los 4.000 euros.
El expresident reclama que se investigue a fondo esa diferencia y que se revisen los controles internos sobre el uso de la tarjeta asociada a su vehículo oficial.
En una comparecencia ante los medios en su despacho de la sede del Consell Jurídic Consultiu, Camps ha explicado que su coche oficial recorrió unos 29.000 kilómetros, una cifra que, según sus cálculos y los datos de consumo habituales, no justificaría en ningún caso un gasto de 15.000 euros en gasolina.
A su juicio, el volumen de repostajes que aparece en la denuncia de Compromís es incompatible con ese kilometraje, lo que le lleva a sostener que el gasto real no llegaría a los 4.000 euros.
Diferencias en los repostajes
Camps ha subrayado que muchas de las fechas señaladas por Compromís coinciden con periodos en los que él se encontraba fuera de España, e incluso fuera del continente europeo. Pese a ello, ha indicado que en esos días su coche oficial seguía apareciendo como si estuviera repostando, algo que considera incoherente y que, según ha remarcado, refuerza la necesidad de depurar responsabilidades.
El expresident se ha preguntado cómo es posible que un coche parado continúe realizando repostajes sin que nadie detecte esa anomalía en los registros. A partir de esa duda, ha puesto el foco en el sistema de control de la tarjeta de crédito con la que se abonaban los combustibles, un medio de pago que está adscrito directamente a la matrícula de su vehículo oficial y que, en teoría, solo debería utilizarse cuando el coche se mueve y consume carburante de forma efectiva.
Utilización tarjeta de forma no legal
Camps ha apuntado que alguien podría haber utilizado esa tarjeta de forma no legal, aprovechando que el pago se imputa automáticamente al coche oficial, lo que dificultaría detectar irregularidades si no se cruzan datos de uso, kilómetros y desplazamientos reales. Ha calificado de muy desagradable comprobar, a posteriori, que nadie se detuvo a revisar los datos para advertir que las cantidades registradas resultaban, según su versión, claramente desproporcionadas.
El expresident ha insistido en que no le corresponde a él llevar a cabo esa investigación, pero sí entregar toda la información de la que dispone. Por ello, ha anunciado que reenviará la documentación relativa a los repostajes y al uso de la tarjeta a la Vicepresidencia del Consell, con el objetivo de que se analice qué ha ocurrido, quién utilizó la tarjeta y por qué no se controló de forma adecuada su uso durante el periodo señalado.
Camps ha defendido que se comporta de la forma que considera más austera posible en el uso de recursos públicos, en especial en lo que respecta a gastos de desplazamiento y combustible, y ha destacado que su preocupación principal es que se esclarezca el origen del desfase entre los alrededor de 4.000 euros que atribuye al consumo real de su coche oficial y los 15.000 euros que figuran en la denuncia de Compromís.
Malestar político y personal
Más allá de la vertiente económica del caso, Camps ha mostrado su malestar político y personal por la forma en que se ha gestionado la polémica. Ha confesado que le duele haberse enterado de la situación a través del síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, al que ha calificado como un personaje abyecto y menor, y no a través de los canales internos de la administración o del propio partido.
El expresident también ha lamentado la reacción del Partido Popular, al que reprocha no haber salido en tromba a defenderle frente a las acusaciones. Ha dirigido una crítica expresa al actual president, Juanfran Pérez Llorca, por no pronunciarse públicamente sobre el caso ni defender, según sus palabras, su honorabilidad. Camps ha concluido que esa falta de respaldo le provoca un profundo malestar, tanto por su trayectoria como por el impacto que el asunto puede tener en su imagen pública.
