La alcaldesa de València, María José Catalá, ha recalcado que el futuro de los festivales en la Ciutat de les Arts i les Ciències está marcado por una sentencia judicial sobre contaminación acústica que debe cumplirse de forma inmediata. Según ha explicado, no se trata de una decisión basada en la voluntad del Ayuntamiento ni de un proceso de negociación con los organizadores, sino de ejecutar una resolución que protege el derecho al descanso del vecindario.
La regidora ha detallado que la Ciutat de les Arts i les Ciències, a través de su sociedad gestora Cacsa, trasladará al Ayuntamiento una petición formal para que se aclare la resolución municipal que ordena el cese inmediato y la prohibición de cualquier actividad en el recinto que suponga incumplir la normativa de ruido. Esta aclaración busca concretar qué tipo de eventos pueden seguir celebrándose y cuáles deben ser modificados o desplazados para ajustarse a los límites de la ordenanza acústica.
Catalá ha recordado que el origen de este escenario es una sentencia judicial sobre derechos fundamentales que obliga, en sus propias palabras, a proteger el derecho fundamental al descanso de los vecinos y vecinas próximos al entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències. La resolución judicial, según ha expuesto, ordena revocar los permisos que permitan actividades que superen los niveles de ruido autorizados y reubicar este tipo de festivales en espacios donde no se vulnere esa protección.
La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento ha remitido a Cacsa las indicaciones sobre lo que considera que se debe hacer: ejecutar la sentencia en todos sus términos. Para el consistorio, esto implica revisar las autorizaciones ya concedidas, informar a la empresa pública de los cambios necesarios y garantizar que no se celebrarán eventos que contravengan la normativa municipal de contaminación acústica. En la práctica, esto puede suponer la cancelación, modificación horaria o traslado de festivales que generen un impacto sonoro superior al permitido.
Cumplimiento de la sentencia y margen de actuación
Catalá ha insistido en que la voluntad política del equipo de gobierno queda en un segundo plano frente a la obligación de acatar una resolución judicial firme en materia de derechos fundamentales. Aunque ha admitido que la sentencia puede recurrirse por las vías legales previstas, ha subrayado que ese posible recurso no suspende su ejecutividad. Es decir, incluso si se decide presentar un recurso, el Ayuntamiento y las entidades afectadas deben aplicar desde ahora las medidas ordenadas por el juzgado.
La responsable municipal ha reconocido que la situación puede generar malestar entre promotores y asistentes habituales a estos festivales, así como en el sector cultural que utiliza la Ciutat de les Arts i les Ciències como espacio para grandes eventos. Sin embargo, ha recalcado que se trata de cumplir una orden judicial y no de abrir una negociación política en la que el Ayuntamiento pudiera flexibilizar las condiciones. En este contexto, ha señalado que le sabe mal el impacto que tendrá, pero ha remarcado que no disponen de un margen que el juez no les haya concedido.
En este marco, el Ayuntamiento ha trasladado a Cacsa que, a su juicio, no deben permitirse actividades que superen los límites fijados por la ordenanza municipal de contaminación acústica. Esto incluye revisar tanto los eventos ya programados como las nuevas solicitudes de uso del recinto, con el fin de evitar futuros incumplimientos. La prioridad pasa a ser la seguridad jurídica y la protección del derecho al descanso, lo que obliga a endurecer el control sobre el tipo de actividades que se autoricen en la zona.
Según la explicación de Catalá, corresponde ahora a la empresa pública Cacsa entablar conversaciones con los promotores de los festivales para buscar ubicaciones alternativas que resulten compatibles con el contenido de la sentencia. Ese diálogo deberá orientarse a identificar otros espacios donde puedan celebrarse los conciertos y festivales sin rebasar los límites acústicos establecidos por la normativa ni vulnerar los derechos reconocidos por el fallo judicial. De este modo, se pretende mantener la oferta cultural y musical, pero desplazándola a emplazamientos donde no se repitan los problemas de ruido que han dado lugar al litigio.
