El CDR La Safor ha presentado esta semana el primer informe sobre el racismo estructural en la comarca de la Safor, un documento elaborado a lo largo de este año con los resultados de la investigación desarrollada en el territorio. Con esta publicación, la entidad pretende informar y sensibilizar a los profesionales de la administración pública de todos los ámbitos, a quienes considera el perfil con mayor capacidad para generar un cambio en la actitud y en el trato hacia esta población.
El informe, encargado por COCEDER, forma parte de una investigación estatal que analiza las especificidades de la discriminación y del racismo estructural en el medio rural de seis comarcas. El estudio estatal, impulsado por técnicos del CDR La Safor y del CDR Alt Maestrat, nace como una necesidad de estos centros para identificar las barreras y estigmas que afronta la población migrante y la población gitana tanto en su vida cotidiana como en su relación con los servicios públicos. En el caso de la Safor, el informe comarcal se ha difundido a través del sitio web del CDR con la intención de servir como material de información y sensibilización para el conjunto de la sociedad, especialmente para los cuerpos profesionales del Estado que trabajan con estas comunidades.
Este informe es el resultado del trabajo de campo realizado entre febrero y julio de este año, en el que se ha contado con la participación de profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, administrativo y asociativo, así como con testimonios de personas gitanas y migrantes de distintos municipios de la comarca, sumando un total de 24 entrevistas. El documento, estructurado por fases, analiza los condicionantes que marcan la vida de estas comunidades desde las dimensiones económica, social, cultural, simbólica y participativa.
Según el CDR La Safor, el racismo estructural, a diferencia del racismo social, «opera a través d’institucions i cossos funcionarials que mantenen les diferències de poder i privilegi segons l’origen ètnic o la racialització de la població atesa. Això pot incloure pràctiques discriminatòries en l’àmbit administratiu, educatiu o sanitari més bàsic, així com en l’accés a recursos i oportunitats».
Con el objetivo de mejorar el trato hacia esta población, el informe expone las problemáticas compartidas que explican la persistencia de la discriminación y recoge propuestas orientadas a paliar la situación en la que se encuentra la mayoría: desatención, barreras y silencios administrativos vinculados a situaciones de vulnerabilidad y pobreza cronificada.
En sus conclusiones, el documento busca identificar las consecuencias del racismo estructural, describir cómo opera en el día a día de las personas afectadas y plantear medidas «que puguen canviar o, com a mínim, millorar el tracte que rep aquest gruix de població per part dels professionals de l’administració pública; ja que només quan s’és conscient de la problemàtica i els factors que la causen, que es poden prendre mesures», tal y como indican desde la entidad comarcal.
La investigación estatal está financiada por el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030.
