La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de animales exóticos. La operación “Suartx” permitió intervenir 472 ejemplares protegidos, incluidos tortugas leopardo y mediterránea, tortugas de espolones, diversas especies de iguanas, gecos, tarántulas y un varano del Nilo. El conjunto de animales alcanzaba un valor estimado de 85.000 euros.

Según la investigación, todos los ejemplares estaban sin documentación ni trazabilidad legal, alojados en un supuesto refugio ubicado en Burgohondo (Ávila). La mayoría procedía de cesiones irregulares de distintas provincias, como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza y Sevilla.

La operación se inició en junio de 2023, cuando el Seprona detectó a través de redes sociales varias señales de alerta relacionadas con la gestión del refugio y la captación de animales.

Una ONG ficticia que ofrecía cursos, voluntariados y apadrinamientos de pago

Los agentes comprobaron que los responsables del centro actuaban bajo la apariencia de una ONG sin licencias ni autorizaciones, financiada con donaciones a cambio de publicidad en redes sociales. La organización ofrecía cursos y programas de voluntariado en los que varias personas trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

Además, la entidad impulsaba un programa de apadrinamiento de pago, dirigido por una bióloga y otra persona implicada en la actividad. Ambas impartían charlas en centros educativos de Ávila y Madrid, pese a que las instalaciones del refugio carecían de permisos municipales.

Aunque los animales se encontraban en buen estado en el momento de la intervención, la Guardia Civil verificó que muchos procedían de aprehensiones y donaciones anteriores. De los casi 500 animales manejados en ese periodo, alrededor de 200 habían muerto.

Delitos investigados y colaboración institucional

Los investigadores atribuyen a los responsables posibles delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y pertenencia a organización criminal.

La operación contó con el apoyo técnico de personal de CITES, de Tragsatec y de agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las diligencias han sido entregadas al Decanato de los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.