La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha expresado hoy su oposición al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. La entidad considera que impulsar una medida de tal magnitud sin acuerdo previo “carece de sentido”, porque pasa por alto la necesidad de seguridad jurídica y estabilidad que demandan tanto empresas como trabajadores. Por este motivo, la patronal ha mostrado su agradecimiento a los grupos parlamentarios que votaron en contra, en línea —según subrayan— con la falta de consenso en la mesa de diálogo social.
La reacción de la CEV llega un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara el proyecto de ley del Gobierno para rebajar la jornada a 37,5 horas semanales sin merma de salario. La votación se saldó con 178 apoyos en contra y 170 a favor, con PP, Vox y Junts en el bloque que tumbó la iniciativa, lo que representó el primer gran revés para el Ejecutivo en el arranque del curso político.
En su comunicado, la confederación insiste en que el diálogo social y la negociación sectorial son las vías adecuadas para abordar este debate, ya que la diversidad de modelos productivos, de organización y de competitividad de cada sector impide soluciones uniformes. Asimismo, alerta de que una imposición generalizada puede provocar problemas organizativos en sectores con turnos, pérdida de productividad, encarecimiento de costes para las pymes, menor inversión y, en definitiva, dificultades para mantener empleo estable y de calidad.
Al mismo tiempo, los sindicatos UGT y CCOO se concentraban ayer en València frente a la sede de la CEV, reclamando que no se frenara la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. A esas protestas se sumaban movilizaciones en Castelló y Alicante, en una jornada reivindicativa coordinada por ambas organizaciones. Los representantes sindicales advertían de que aplazar la tramitación perjudica sobre todo a los trabajadores con contratos a tiempo parcial forzados y a quienes realizan horas extra no retribuidas.
La sesión parlamentaria se producía después de que el PSOE intentara retrasar el debate, una maniobra que finalmente fue bloqueada por Yolanda Díaz, que quiso que todos los partidos “se retratasen” con su voto.
Fuentes del Gobierno han confirmado que tanto Sumar como el PSOE mantienen el compromiso de impulsar la medida y que volverá a plantearse en el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo recalcaba ayer tras conocer el resultado parlamentario que “se pierde una votación, pero vamos a ganar esta medida porque no hay marcha atrás”, vinculando el futuro de la propuesta a la presión social y sindical.
