jueves, 20 junio 2024

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Compromís propone que el precio del alquiler en València no sea superior al 30% de los ingresos

La coalición valencianista también planea modificar en conjunto el PGOU de València para limitar los pisos turísticos, la especulación de grandes tenedores y 'frenar la emergencia de vivienda'

Alquilar una vivienda de 85 metros cuadrados en València cuesta entre unos 760 y 900 euros al mes, dependiendo la zona y las características. Unos precios que cada vez están imposibilitando más a los vecinos y vecinas encontrar viviendas asequibles, y estas están siendo ocupadas por pisos turísticas o compradas por grandes tenedores. Es por ello que este miércoles el portavoz del grupo municipal de Compromís, Pere Fuset; la concejal de Vivienda, Isa Lozano; y la síndica en Les Corts, Papi Robles, han presentado una batería de medidas con el objetivo de “combatir la emergencia habitacional que sufre la ciudad”.

“València está viviendo uno de sus mejores momentos económicos y hemos conseguido que sea una ciudad de oportunidades, pero no es un paraíso. Debemos afrontar el problema de la vivienda que en los últimos años se ha convertido en una auténtica emergencia y ha mutado a ser un monstruo” ha afirmado Fuset, que ha abogado por dar una “respuesta global” y entre todas las administraciones para abordar esta problemática desde diferentes área como el turismo o el urbanismo para que “València sea una ciudad habitable y no una mesa de Monopoli”.

En este sentido, la formación valencianista ha vuelto a proponer topar el precio de los alquileres, concretamente, para que no sea superior al 30% del ingreso de las familias porque “si no, no es accesible”, aunque este se debe abordar primero con el sector y viendo los ingresos y las necesidades de cada familia; y avanzar en la implantación de una moratoria de licencias para pisos turísticos y “proteger el uso residencial” y realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para prohibir el cambio de edificios enteros a uso terciario.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset | M.Celda

“La ciudad de València necesita de un plan general que dé respuestas a su vecindario, no un plan que esté hecho por las empresas y para las empresas hace más de 30 años. Es ahora cuando tenemos que retomar el urbanismo de la ciudad de la mano de la ciudadania” ha asegurado Robles, que ha precisado que documento planificaba que la ciudad tuviese 1,5 millones habitantes, pero que actualmente no se está cumpliendo por lo que es necesario un plan acorde a 2023 y que dé respuestas a los ciudadanos y no a las constructoras.

Además, ha recordado algunas iniciativas que se presentaron el lunes en rueda de prensa por parte del alcalde de València, como la construcción directa de residenciales en espacios municipales para alquiler asequible, la oferta de derechos de superficie sobre suelo edificable destinado a cooperativas o controlar la compra especulativa de viviendas de no residentes y extranjeros al igual que hacen otros países como Canada o está estudiando las Illes Balears.

Fuset acusa a Colomer de no realizar un control efectivo apartamentos turísticos

En este sentido, la concejal de Vivienda ha recordado que desde 2018, 263 viviendas han pasado de tener un uso residencia a uno terciario y que, con datos de noviembre de 2022, la ciudad tenía registrados 1.328 pisos turísticos “legales” que equivalen a 5.680 plazas de alojamiento y el grado de ocupación al año es de un 62%. “Es una cifra que nos muestra la burbuja y que se debe minimizar porque ya no son una necesidad y están infraocupados”.

Igualmente se ha instado al secretario de Turismo, Francesc Colomer, a colocar más medios para que los ayuntamientos tengan “más capacidad de inspeccionar, detectar y sancionar a los apartamentos turísticos que surgen de manera ilegal”. “Si el señor Colomer hubiera hecho un control efectivo de los apartamentos turísticos, tal vez la situación sería otra” ha criticado Fuset

Preguntado por como se pueden controlar estas viviendas, Lozano ha explicado que las propias entidades vecinales tienen la posibilidad de alertar a las autoridades y a la concejalía de Turismo de la existencia de pisos ilegales, ya que los que están regulados aparen en la web de turismo de la Generalitat. “No están alertando de una parte importante que no están bajo control” ha indicado.

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