La Mesa del Congreso ha aprobado este miércoles la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de José Luis Ábalos tras confirmarse en el Tribunal Supremo su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho y malversación.
La decisión ha llegado después de que el alto tribunal haya desestimado íntegramente el recurso de apelación del diputado y haya declarado firme el auto del magistrado instructor del caso Koldo.
Aplicación del artículo 21.2 del Reglamento
La suspensión se ha adoptado al amparo del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que prevé esta medida cuando existe un auto de procesamiento firme y el parlamentario se halla en prisión preventiva, o cuando hay una sentencia firme cuya ejecución impide ejercer las funciones.
En este caso, la notificación del Supremo ha sido el paso necesario que ha habilitado a la Mesa para aplicar el precepto.
Pérdida de derechos funcionales y económicos
Con la suspensión, Ábalos ha perdido sus prerrogativas y derechos funcionales y económicos como diputado electo. No percibirá las retribuciones asociadas al escaño, ha sido dado de baja en la cobertura de protección social con cargo al presupuesto de la Cámara y deja de estar cubierto por la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales.
Además, se ha detraído la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto en lo relativo a su pertenencia, lo que ajusta la financiación del grupo a la nueva situación.
La Cámara ha comunicado el acuerdo, en aquello que les afecta, al propio Ábalos, al Tribunal Supremo, al Grupo Parlamentario Mixto y a los órganos directivos de la Secretaría General del Congreso. Esta comunicación formal garantiza que los efectos de la suspensión sean inmediatos y conocidos por todas las instancias concernidas.
Contexto del caso y efectos prácticos
La reunión de la Mesa se ha celebrado nada más finalizar el pleno, después de que el Congreso haya recibido la notificación del auto que confirma la instrucción del caso Koldo. Con la firmeza del procesamiento y la situación de prisión preventiva desde el 27 de noviembre, se han cumplido los supuestos que el Reglamento contempla para la suspensión.
En términos prácticos, la medida deja a Ábalos con la condición formal de diputado, pero sin la posibilidad de ejercer las funciones propias del cargo mientras dure la suspensión. Al no conservar derechos ni prerrogativas parlamentarias, no puede participar en la actividad ordinaria de la Cámara ni acceder a los recursos económicos y administrativos vinculados al escaño.
Pocos minutos después de conocerse la decisión del Supremo, Ábalos había solicitado a la Mesa poder votar telemáticamente en el pleno de esta semana. El escrito alegaba que seguía siendo diputado y que mantenía íntegros sus derechos y prerrogativas. La resolución adoptada por la Mesa ha aclarado su estatus y ha fijado el alcance de la suspensión conforme al Reglamento.
