El Consell ha aprobado este viernes un decreto ley de medidas urgentes frente a la hiperregulación con el objetivo de agilizar los procedimientos, reducir cargas y garantizar la unidad de mercado.
La iniciativa se encuadra en la segunda Ley de Simplificación Administrativa y será remitida a Les Corts para su tramitación, con la intención de modernizar el funcionamiento de la Administración y responder a la necesidad de combatir la excesiva burocracia.
La norma se estructura en 111 artículos agrupados en nueve títulos, con disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Modifica o elimina 149 normas —incluidas 38 leyes y 43 decretos— y depura algo más de 1.300 artículos. Este saneamiento del marco regulatorio busca reducir la densidad normativa, evitar solapamientos y aportar mayor seguridad jurídica, de modo que ciudadanos y empresas conozcan con claridad qué requisitos deben cumplir y en qué plazos.
Menos trámites, más seguridad jurídica
Entre los efectos prácticos, se reduce a la mitad el tiempo para conceder licencias de obras, se agiliza el reconocimiento del grado de dependencia y se eliminan exigencias reiterativas como la aportación de certificados bancarios cuando la Administración puede verificarlos por sus propios medios. También se prevén renovaciones automáticas en determinados supuestos, como la condición de familia numerosa, para evitar trámites periódicos que no aportan valor.
En el ámbito económico, el decreto ley refuerza la unidad de mercado al facilitar que autónomos y empresas con licencia en cualquier comunidad autónoma puedan operar en la Comunitat Valenciana sin solicitar una segunda autorización. Este enfoque reduce barreras de entrada, mejora la competencia y da coherencia al principio de libertad de establecimiento, al tiempo que aporta previsibilidad a quienes quieren iniciar actividad o ampliar su negocio.
Instrumento habilitador de políticas públicas
El texto actúa como instrumento habilitador de políticas públicas en ámbitos afectados por un marco normativo disperso, rígido o desfasado. Con ello se pretende desbloquear proyectos estratégicos, eliminar trabas injustificadas y reforzar la capacidad de intervención pública con criterios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad. La simplificación desde el diseño busca prevenir nuevas cargas, de forma que cada nuevo trámite sea realmente indispensable y esté bien justificado.
IA y digitalización al servicio del ciudadano
Para ordenar y mantener el marco regulatorio, se incorporan exigencias de evaluación sistemática y mecanismos de control del crecimiento de las normas. Se prevé el uso de inteligencia artificial para detectar redundancias normativas y un cuadro de mando que permita medir la carga regulatoria y priorizar reformas. Además, se habilita un buzón para que ciudadanía y empresas propongan simplificaciones, con el fin de canalizar incidencias recurrentes y convertirlas en mejoras normativas.
La norma también impulsa la digitalización efectiva de los procedimientos dirigidos a personas no obligadas a relacionarse electrónicamente. Las oficinas PROP y las oficinas de asistencia en materia de registro prestarán ayuda en la identificación y la firma electrónica, mediante personal funcionario habilitado, en aquellos expedientes con gestión electrónica y alto volumen de solicitudes. Este apoyo reduce la brecha digital y acelera la tramitación, al evitar desplazamientos y errores en la presentación.
Aplicación transversal
Su aplicación es transversal: alcanza a toda la Administración de la Generalitat, al sector público instrumental y a las entidades locales. En paralelo, se regula un régimen específico para garantizar la libertad de establecimiento y la circulación de operadores económicos en la Comunitat Valenciana, fortaleciendo así la unidad de mercado.
Con el envío del decreto ley a Les Corts se abre la fase parlamentaria, mientras el Consell orienta su acción a una administración más ágil, proactiva y centrada en la ciudadanía.
