El Consell ha reforzado su apuesta por la inclusión laboral mediante un conjunto de ayudas de Labora que movilizan 4,8 millones de euros para favorecer la contratación de personas con discapacidad y de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, con subvenciones que pueden alcanzar los 25.000 euros por contrato.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado este compromiso durante la reunión mantenida con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en la que se han analizado las distintas líneas de subvenciones impulsadas por Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, orientadas a mejorar la empleabilidad de quienes requieren un mayor apoyo.
Camarero ha destacado que “estas ayudas responden a una prioridad clara del Consell: que nadie quede fuera del mercado laboral por razón de discapacidad o por pertenecer a un colectivo con especiales dificultades de inserción”, y ha añadido que “la inclusión laboral es también una inversión social y económica que beneficia al conjunto de la Comunitat Valenciana”.
Ayudas dirigidas al empleo estable en el mercado ordinario
Las subvenciones se dirigen a empresas y personas trabajadoras autónomas con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana y contemplan un máximo de dos contratos subvencionados por entidad, con el objetivo de reforzar el acceso al empleo estable en el mercado ordinario de trabajo.
Por un lado, se incluyen ayudas específicas para la contratación de personas con discapacidad, especialmente aquellas procedentes de Centros Especiales de Empleo o que presentan discapacidad severa, con el fin de facilitar su transición al empleo ordinario.
Por otro, se refuerzan las ayudas destinadas a la contratación indefinida de personas desempleadas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria, entre los que se incluyen personas en situación o riesgo de exclusión social, personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.
En todos los casos, las personas destinatarias finales deben haber permanecido desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Labora durante al menos tres meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la contratación, garantizando que las ayudas se dirigen a quienes realmente necesitan este apoyo.
Cuantías de entre 10.000 y 25.000 euros por contrato
Las ayudas oscilan entre 10.000 y 25.000 euros por contrato, en función del colectivo y de las circunstancias de la persona contratada.
En el caso de la contratación indefinida de personas con discapacidad procedentes de Centros Especiales de Empleo, la subvención alcanza los 12.500 euros, cuantía que puede incrementarse hasta 20.000 euros si la persona contratada es víctima de violencia sobre la mujer y hasta 25.000 euros cuando concurre, además, una discapacidad severa.
Asimismo, se contemplan ayudas para la contratación temporal de personas con discapacidad severa, por un periodo de entre tres y doce meses, con una subvención de 900 euros por cada mes mínimo de mantenimiento del contrato. Estas ayudas también se aplican a contrataciones a tiempo parcial, siempre que la jornada mínima sea de 15 horas semanales, con la correspondiente reducción proporcional.
Acceso a la vivienda como eje de inclusión social
Durante la reunión con CERMI, la vicepresidenta primera ha señalado que el Consell trabaja de forma paralela para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con discapacidad, considerado un elemento clave para su autonomía personal y su inclusión social y laboral.
En este ámbito, Camarero ha recordado que la normativa vigente establece una reserva obligatoria del 4 % de las viviendas para personas con discapacidad en las Viviendas de Protección Pública (VPP) de promoción privada y del 7 % en las VPP de promoción pública.
Además, ha destacado que el Consell ha reforzado la exigencia de que las viviendas reservadas se construyan adaptadas a criterios de accesibilidad y discapacidad, garantizando que respondan de manera efectiva a las necesidades de las personas adjudicatarias.
Para facilitar el acceso a estas viviendas, el límite de renta exigido se incrementa en un 0,5 % por cada persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % que forme parte de la unidad de convivencia.
Camarero ha subrayado que este conjunto de medidas refleja una visión integral de las políticas públicas, en la que empleo, vivienda e igualdad de oportunidades “deben avanzar de la mano para garantizar una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad”.
