El Consell de la Generalitat va a recurrir ante el Constitucional la ley orgánica 1/2024 de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. impulsada por el Gobierno central.
“Ya se anunció que este Consell iba a ir hasta el final y, en nuestra opinión, infringe varios preceptos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, como el principio de legalidad, la
vulneración del derecho de igualdad y la vulneración de la división de poderes al hurtar a los jueces y magistrados sus funciones”, según ha subrayado la consellera Portavoz, Ruth Merino, en la rueda de prensa posterior al Pleno de este martes.
El Ejecutivo valenciano ha acordado encargar el inicio de los trámites a la Abogacía de la Generalitat y solicitar el preceptivo informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat.
La Generalitat, según añaden desde el Consell, presenta “una legitimación especial y reforzada” puesto que la Ley de Amnistía al proceso independentista catalán tiene especial incidencia en la esta autonomía, “por existir una demanda histórica, integrada en el ideario del ‘procés’ y abanderada precisamente por las personas que son amnistiadas, entre cuyos objetivos y pretensiones está el reconocimiento de los llamados ‘països catalans’, territorio en el que consideran incluida la Comunitat Valenciana”.
Además, el Gobierno valenciano iniciará un segundo frente judicial contra el ejecutivo de Pedro Sánchez, al que se va a reclamar por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos. Tal y como ha afirmado la también titular de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, existe una obligación reglamentaria para que lo convoque al menos dos veces al año y, además, a finales de 2023 ya lo solicitaron 14 presidentes autonómicos, cuando el mínimo legal necesario es de 10.
Merino ha tachado de “deslealtad institucional” la negativa a convocar la conferencia, para tratar temas de elevada relevancia como la financiación autonómica y la acogida de menores extranjeros.
Por otro lado, el Consell ha sido informado de la apertura de una investigación de un contrato menor por valor de 14.250 euros suscrito con una empresa vinculada a Isabel García, ya exdirectora del Instituto de las Mujeres, tras haber sido destituida este martes. El contrato, apunta Merino, firmado por la antigua directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres Mujer, Maria Such, corresponde al periodo de mayo a septiembre de 2023 para “el servicio de información en puntos violeta de festivales” de música. La portavoz del Consell ha reiterado que este contrato está en proceso de investigación pero que existen posibles “indicios de trato de favor”.
Declaración de apoyo al alcalde de Aspe
La consellera Portavoz ha comenzado la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell expresando “el apoyo al alcalde de Aspe” de todo el Gobierno valenciano, “tal y como ya hizo el presidente de la Generalitat ante las intolerables amenazas recibidas y el último acto de quemar una furgoneta de un familiar”. El primer edil de Aspe, Antonio Puerto, de EU y que gobierna con el apoyo del SPV, denunció haber recibido amenazas de muerte del dueño de una gallera, clausurada por la Policía Nacional y en el marco de una operación contra el tráfico de drogas en el que se incautaron dos pistolas al acusado.
La reunión del Gobierno autonómico también ha acordado el nombramiento de José Manuel Camarero como secretario autonómico de Turismo. Le sustituye como director general de Turismo, Israel Martínez.
Otros acuerdos del Consell
El Ejecutivo valenciano ha aprobado la modificación del proyecto de obra del centro de especialidades de Campanar II y poder desbloquear su ejecución. El contrato inicial era de 25,8 millones y ahora se añaden 5,1 por la modificación.
Además, el Gobierno autonómico ejercitará la acción popular en el caso del asesinato por violencia machista de Juliana D. V. M., perpetrado hace unos días en Buñol.
El Consell también ha aprobado la compra de medio millón de dosis de vacunas contra el neumococo, por valor de 47,9 millones.
La oferta pública de empleo para persona docente no universitario ha salido adelante, con la convocatoria de 1.607 plazas para el año 2024, 268 más de las 1.339 previstas inicialmente, gracias a la tasa de reposición que permite aumentar un 20 % y reducir así el personal interino.
