La Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha modificado y adaptado al IPC acumulado la cuantía de los módulos económicos de los acuerdos de acción concertada en los sectores de exclusión social, discapacidad y familia e infancia para 2024-2026 y en materia de personas mayores para 2024. Esta actualización, asegura la Conselleria, supone “un incremento global de más de 67 millones de euros“.
Concretamente, el importe del incremento diferencial de la financiación en el sector de atención a personas en situación o riesgo de exclusión social es de 3.504.615,36 euros, de los cuales 1.406.457,48 euros corresponden al incremento de 2024, 1.402.614,70 euros al del 2025, y 695.543,18 euros al aumento de 2026.
Por lo que respecta al sector de la infancia y adolescencia, el importe del incremento diferencial de la financiación es de 19.699.713,82 euros, de los cuales 7.890.128,65 euros corresponden al incremento de 2024, 7.891.172,28 euros al del 2025, y 3.918.412,89 euros al aumento de 2026.
En materia de discapacidad, el importe del incremento diferencial de la financiación es de 42.860.664,32 euro, de los cuales 16.983.438,76euro corresponden al incremento de 2024, 16.964.600,90euro al del 2025, y 8.912.624,66euro al aumento de 2026.
Por último, en el sector de atención a personas mayores, el incremento diferencial de la financiación asciende a 1.608.343,08 euros, aplicable exclusivamente a los centros residenciales y correspondiente a la anualidad de 2024.
Al respecto, la vicepresidenta Susana Camarero ha puesto en valor el “esfuerzo” que ha realizado su departamento para “ajustar la situación de las entidades y de los trabajadores a la realidad“, mientras ha indicado que la Conselleria trabaja en el decreto de tipologías para “mejorarlo con todas las aportaciones de los agentes implicados”, según recoge la Generalitat en un comunicado.
Además, ha valorado que, con esta modificación, la Vicepresidencia “responde a las demandas del sector de servicios sociales que reclamaba este incremento paralizado desde 2022 y su adecuación al IPC acumulado de 2022 y 2023”. “Hasta esta actualización continuaba vigente el módulo aprobado en 2022 por el gobierno del Botànic, que no contempla ni los aumentos de gastos generales de las entidades ni el incremento de salarios fijados en sus respectivos convenios colectivos”, ha apuntado.
“ENRIQUECIMIENTOS INJUSTOS QUE DEJÓ EL BOTÀNIC”
Asimismo, ha subrayado que esta actuación “se suma al esfuerzo presupuestario asumido por la Conselleria, que ha tenido que afrontar y saldar una deuda de más de 157 millones de euros en enriquecimientos injustos que dejó el gobierno del Botànic”. “Hemos tenido que poner la Administración al día con todos los pagos que el anterior Gobierno había abandonado y trabajar, desde el inicio de la legislatura, para atender a las entidades y mejorar las condiciones económicas que impactan en los trabajadores”, ha señalado.
En este punto, ha hecho hincapié en que el Consell “no solo ha actualizado el IPC acumulado de dos años en el servicio de acción concertada”, sino que también “ha pagado las facturas que el gobierno anterior había dejado en el cajón desde hace cuatro años”.
“Esto debe revertir en las condiciones de los trabajadores y es por ello que, en las reuniones con sindicatos, como la mantenida esta misma mañana, les hemos instado a aprobar un convenio único, que equipare y mejore las condiciones de los trabajadores en todos los sectores”, ha aseverado Camarero, que ha incidido en que el Consell “cumple sus compromisos y esperamos que el resto también lo haga”.
