El Consell eliminará seis empresas “fantasmas”, que creó el gobierno del Botànic, y cuyas funciones están duplicadas y ya desempeñan algunas direcciones generales con el objetivo de “poner fin al malgasto y descontrol” en el sector púbico valenciano.
Así lo ha avanzado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la rueda de prensa para valorar la situación del sector público, que ha calificado de “crítica”. “La época de acumular empresas públicas para pagar favores y ejecutar enchufes masivos se ha terminado“, ha asegurado.
Concretamente se suprimirán la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, la Agencia Valenciana de información y control alimentarios, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, la Agencia Valenciana Cambio Climático, y la Escuela Valenciana de Administración Pública.
No obstante, Mazón ha aclarado que el personal adscrito “no político” de estas empresas se incorporarán a la direcciones generales correspondientes para que puedan prestar su servicio, siempre y cuando “no hayan cometido alguna irregularidad” al frente de estas entidades que pese a eliminarse no supondrán ningún ahorro para las arcas valencianas, ya que tenían no estar operativas aunque tuviesen una “estructura amazónica”.
“No suponen ningún gasto porque se crearon y el Botànic fue incapaz si quiera de ponerlas en funcionamiento, pero evitamos que se abra la puerta a contrataciones a dedo. Cortamos la puerta a enchufismos y contratos a dedos que se dejaron preparada”, ha manifestado el jefe del Consell.
Auditoria general
Ello irá unido a una auditoria general de todo el sector público instrumental de la Generalitat tras los informes técnicos de la Sindicatura de Comptes y la intervención de la Generalitat que ponen de manifiesto “aspectos de dudosa legalidad” en cuanto a “facturas en cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control o transferencias bancarias sin titular”. “Ha habido mucho ocultismo. Queremos saber la verdad y se la vamos a contar a los valencianos porque es nuestra obligación“, ha señalado el dirigente ‘popular’.
Así pues, esta auditoría se dividirá en dos partes, una “forensic” para conocer exactamente “de manera pormenorizada” donde ha ido a parar cada euro y posibles casos de “fraude o gasto descontrolado” de determinadas entidades; y otra operativa, que se llevará a cabo a todo el sector público para “poner de manifiesto las duplicidades, ineficiencias y el rumbo del conjunto de entidades”.
Una evaluación que Mazón espera que comience durante el primer trimestre de 2024 y que tenga un “resultado final” a finales de año. No obstante, se irán produciendo “resultados e informes parciales” a medida que se vayan encontrado situaciones que necesiten “medidas urgentes”.
En este sentido, el responsable autonómico ha asegurado que en caso de detectarse cualquier cuestión que pudiese derivar en alguna “responsabilidad civil, penal o mercantil, se trasladará a los juzgados”. “No puede ser de otra manera”, ha asegurado el president, que no ha descartado suprimir más empresas públicas, acometer reformas o reorganizaciones.
“Irregularidades” en materia de contratación
El jefe del Consell también ha incidido en las “potentes alarmas” e “irregularidades” que han detectado los informes técnicos. En materia de contratación, “el 92% del sector público no realiza los procedimientos de contratación pública conforme marca la Ley”, es decir, solo 4 de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat.
Además, en los últimos cuatro años, el conjunto del sector público del gobierno del Botànic adjudicó “a dedo” 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros, de los cuales 159 millones de euros corresponden a contratos menores y 554 millones de euros son de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación.
“Estas cifras reflejan la barra libre que caracterizó el gobierno del Botànic y un pozo sin fondo de la contratación a dedo, saltándose la mayor parte de las recomendaciones que realizaba la Sindicatura de Cuentas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación”.
Gasto desmesurado en personal y descontrol en el área de tesorería
En cuanto a personal, los datos de la Intervención de la Generalitat muestran que la plantilla del sector público se incrementó en un 35% durante el gobierno de Ximo Puig, mientras que el gasto en personal de las empresas públicas se disparó un 47%, lo que supone pasar de 400 millones de coste en nóminas en 2015 a casi 600 millones en el último año de gestión íntegra del gobierno anterior, en muchos casos sin autorización, según ha indicado.
Solo en el ejercicio de 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal que, según Mazón, no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos. Así, por ejemplo, la empresa pública encargada de la gestión de los servicios de emergencias, SGISE, “controlada por el PSPV, trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos a las puertas del 28-M. “
En el área de tesorería, en 22 de las 48 entidades que están sujetas a este tipo de verificación por parte de la Intervención General y las auditorías, se produjeron pagos “sin la autorización de la persona correspondiente o incluso pagos a cuenta bancarias no identificadas debidamente”, ha señalado Mazón.
