La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha puesto en marcha una consulta pública para modificar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a incentivar la prestación de servicios bancarios básicos mediante la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblamiento en la Comunitat Valenciana.
La modificación del Decreto 1/2020, que regula dónde están actualmente instalados estos cajeros, busca actualizar el listado que permitirá determinar los municipios en situación de exclusión financiera y, con ello, preparar una nueva convocatoria pública de ayudas dirigida a operadores bancarios.
La Generalitat justifica esta iniciativa por el impacto de factores como el despoblamiento, el envejecimiento de la población, la baja densidad y la escasa cobertura telemática, además de limitaciones de transporte e infraestructuras que, según expone, complican la sostenibilidad económica y social en estos municipios.
El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, ha destacado que la Generalitat está garantizando la continuidad del servicio de 135 cajeros automáticos en 124 municipios de interior que carecen de sucursal bancaria. Según Gil, “este Consell está trabajando de una manera transversal para garantizar el mantenimiento de este servicio esencial, ya que el contrato vigente, heredado de la legislatura anterior, vencía en enero de 2026, sin posibilidad de prórroga”. “Nuestro objetivo es, que cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde viva, tenga las mismas oportunidades”, ha añadido.
Para sostener el servicio, la Generalitat cubrirá las anualidades de 2026 y 2027 mediante una línea compensatoria y un reajuste presupuestario. De forma paralela, en 2026 se iniciará la licitación para adjudicar el nuevo contrato en 2027, con entrada en vigor prevista en 2028.
El Consell incorpora, además, una dotación de 100.000 euros para cada una de las diputaciones provinciales en el presupuesto de 2026, destinada a combatir la exclusión financiera y a facilitar que las corporaciones provinciales apoyen a los ayuntamientos con menor capacidad de gestión en la licitación del servicio.
La Generalitat insiste en que, ante la regulación vigente de la Ley de despoblamiento de la Comunitat Valenciana, es necesario adecuar el campo de acción, preferentemente, a los municipios en riesgo de despoblamiento que carezcan de entidad financiera.
Las aportaciones y opiniones se pueden enviar para su consideración a través del portal Participa. El plazo se inicia este miércoles, 18 de febrero, tras su publicación este martes en el DOGV, y se prolonga durante diez días naturales. Finalizado el trámite, se comunicará el resultado mediante una valoración global.
