El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP para instar al Gobierno de España a que prorrogue la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá del cierre previsto para 2030. El acuerdo expresa la voluntad de que la planta continúe operando más tiempo del marcado en el calendario actual, en un contexto de debate político y social sobre el papel de la energía nuclear en el sistema eléctrico.
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo del PSPV y Compromís. Para los grupos que la han impulsado, alargar la actividad de la central contribuye a reforzar la seguridad energética, evitar problemas de suministro y reducir la dependencia de otras fuentes de energía que pueden ser más volátiles o más caras. Además, señalan que la continuidad de Cofrentes permitiría mantener una mayor estabilidad de precios para familias y empresas, al sostener una parte de la generación eléctrica ya instalada.
Desde esta perspectiva, los defensores de la prórroga argumentan que la central nuclear de Cofrentes actúa como un elemento clave para la competitividad del tejido productivo valenciano, al ofrecer una generación constante que ayuda a planificar costes y evita fluctuaciones bruscas en el recibo eléctrico. También insisten en el impacto sobre el empleo, ya que la planta sostiene puestos de trabajo directos e indirectos tanto en el propio municipio como en la comarca, ligados al funcionamiento de la instalación y a los servicios asociados.
Rechazo a las propuestas de la oposición
En el mismo pleno, PP y Vox han rechazado todas las iniciativas presentadas por los grupos de la oposición. Entre ellas figuraba una propuesta de Compromís que reclamaba una fiscalización específica sobre la Cámara de Comercio de Alicante, investigada por un presunto fraude en la gestión de bonos consumo correspondientes a los años 2022 y 2023. La iniciativa no ha prosperado, lo que implica que no se activarán los mecanismos adicionales de control planteados.
En concreto, Compromís pedía que la Sindicatura de Comptes examinara de manera detallada la gestión de los bonos consumo de la Cámara de Comercio de Alicante desde 2022 hasta 2025, tomando como referencia la reciente detención de su presidente por un supuesto fraude. El objetivo era aclarar cómo se habían administrado esos fondos públicos vinculados al fomento del consumo y determinar si habían existido irregularidades en su uso.
La propuesta también incluía que el Consell de Transparencia elaborara un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y difusión de la información por parte de la entidad cameral. Con ello se pretendía comprobar si la Cámara había dado suficiente información sobre los programas de bonos, sus criterios de reparto y su ejecución económica. Ninguna de estas medidas ha sido aceptada por la mayoría del pleno.
Tampoco ha salido adelante la iniciativa del PSPV para crear una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en la prestación de servicios privatizados dentro del sistema público de sanidad que puedan poner en riesgo la salud de la población valenciana. Los socialistas defendían la necesidad de revisar de forma específica la gestión de estos servicios, al considerar que los problemas señalados en diferentes contratos hacían necesario un análisis parlamentario detallado y con comparecencias.
Además, el PSPV había planteado un paquete de medidas en materia de vivienda, entre las que destacaba el impulso a la declaración de zonas tensionadas en aquellos municipios o áreas que cumplieran los requisitos legales. Con ello buscaban disponer de más herramientas para contener el aumento de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda de los hogares con más dificultades. Sin embargo, estas propuestas también han sido rechazadas por la mayoría formada por PP y Vox.
En la misma línea, las medidas presentadas por Compromís para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán no han obtenido el respaldo de la cámara. La iniciativa pretendía que Les Corts fijaran una posición y un conjunto de actuaciones específicas ante el impacto económico y social derivado del conflicto, pero no ha reunido los apoyos necesarios para salir adelante.
Por último, PP y Vox tampoco han aceptado la proposición de ley registrada por Compromís para modificar la Ley de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de reconocer expresamente la pesca artesanal profesional en la Albufera. La propuesta buscaba dar un marco legal más definido a esta actividad tradicional, pero quedará pendiente de futuras iniciativas al no superar la votación en el pleno.
