La Cuenca del Júcar necesita una inversión estimada de 9.057 millones de euros entre 2026 y 2035 para reforzar la seguridad hídrica y reducir el impacto de sequías e inundaciones, según el informe Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, elaborado por la consultora TYPSA y la patronal de las constructoras SEOPAN.
El estudio advierte de que las aportaciones naturales de agua podrían reducirse entre un 12% y un 21% en los próximos años como consecuencia del cambio climático. Esta caída, unida a la elevada demanda para riego y consumo urbano, limita la capacidad de respuesta ante episodios de sequía prolongada.
En el conjunto del país, el informe estima que serán necesarios 103.824 millones de euros hasta 2035 para mejorar la resiliencia hídrica. De esa cifra global, más de nueve mil millones corresponden a la demarcación del Júcar, que atraviesa las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia.
Inversiones prioritarias en la demarcación
El grueso de la inversión prevista en la Cuenca del Júcar se concentra en el ciclo urbano del agua. En concreto, se destinan 4.698 millones de euros a la renovación de infraestructuras y a la adaptación de redes de saneamiento, con partidas específicas de 2.400 millones para renovación y 1.400 millones para mejorar sistemas de saneamiento.
El informe contempla además 1.809 millones en medidas estructurales de gestión del riesgo de inundación, orientadas a la prevención y reducción de daños. A ello se suman 1.000 millones para Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), tanques de tormenta y actuaciones destinadas a evitar la entrada de escorrentía en los colectores urbanos.
En materia de adaptación al cambio climático, se prevén 893 millones de euros para incrementar recursos, optimizar la gestión de la demanda y ampliar la reutilización del agua para riego. También se reservan 300 millones para cumplir objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulico y reforzar la garantía de abastecimiento.
El plan incorpora 209 millones para digitalización, conocimiento y monitorización del ciclo integral del agua, incluyendo el desarrollo de sistemas de información y control, y 99 millones para infraestructuras verdes en cauces, llanuras de inundación y franja costera.
Por último, se contemplan 44 millones de euros vinculados a un futuro Acuerdo Nacional del Agua, con actuaciones como el aumento de la capacidad de regulación en la Marina Baja y mejoras en la gestión de recursos hídricos para riego en municipios como Almenara, Xilxes, la Vall d’Uixó y Moncofa.
Casi medio millón de personas en zonas inundables
El informe señala que 496.000 personas residen en zonas inundables de mayor riesgo dentro de la Cuenca del Júcar. En el conjunto de España, la cifra asciende a 2.370.000 personas.
Además, se han identificado 1.444 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en el país, de las cuales un 25% se localiza en las cuencas mediterráneas. En el ámbito del Júcar, las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja, en la provincia de Valencia, presentan el mayor nivel de riesgo, agravado por episodios recientes como la DANA de 2024.
El documento concluye que, aunque la planificación hidrológica ha reducido retrasos acumulados, la falta de un marco financiero estable y la limitada disponibilidad presupuestaria han provocado que el nivel de ejecución de las medidas previstas se sitúe en torno al 30%. A ello se suma, según el análisis, la lentitud de los procesos de contratación pública, que prolonga durante años la puesta en servicio de nuevas infraestructuras.
