La defensa de la exconsellera Salomé Pradas ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impulse y resuelva las quejas que mantiene pendientes contra la instrucción de la causa de la DANA de Valencia, dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, a cuya titular atribuye falta de imparcialidad.
En un escrito registrado este lunes, solicita que se adopten medidas para que el procedimiento ‘se ajuste a los principios de imparcialidad, celeridad y justicia que deben regir todo Estado de Derecho‘.
Queja por falta de imparcialidad
El 14 de mayo de 2025 presentó una queja que aún no ha sido contestada y que, según sostiene, ha cobrado mayor relevancia por hechos nuevos que desde entonces ‘afectan gravemente’ a su derecho de defensa.
La defensa centra su censura en ‘la vulneración del derecho de defensa y la falta de imparcialidad objetiva de la Magistrada Instructora, a quien se acusa de conducir la instrucción bajo prejuicios y criterios apriorísticos‘, hasta el punto de denunciar ‘la adopción de una tesis de culpabilidad prematura‘.
En esa línea, asegura que ‘la instrucción parece dirigida a confirmar una tesis preestablecida, ignorando de forma sistemática cualquier resultado de las diligencias que contradiga dicha tesis’, mientras ‘se siguen dictando resoluciones de extrema dureza que no guardan correlación con el material probatorio que se va incorporando a la causa’.
La representación legal añade que, aun cuando se practican diligencias que arrojan luz sobre la inocencia o una posible atenuación de responsabilidad, la instructora ‘mantiene sus criterios iniciales sin el menor rubor, como si las diligencias de prueba que se van practicando, no existieran’.
También reprocha que la jueza ‘sigue insistiendo una y otra vez, en que la única causa de lo sucedido el pasado 29 de octubre de 2024 fue la patente desidia o inactividad de los investigados y el retraso en enviar los Es-Alert‘, obviando la concurrencia de otras causas. Para la defensa, ese enfoque estrecha el objeto de la investigación y condiciona las decisiones procesales, con el riesgo de dejar en segundo plano otros elementos que el propio sumario estaría incorporando.
Retrasos y perjuicios alegados
El 21 de agosto el CGPJ abrió diligencias informativas a la magistrada de Catarroja tras las quejas formuladas por Pradas, a las que después se sumó el otro investigado, Emilio Argüeso, un trámite habitual cuando se recibe una queja contra un juez.
Sin embargo, en su nuevo escrito la defensa llama la atención sobre ‘el excesivo tiempo transcurrido‘ desde la primera queja y sus dos ampliaciones, y denuncia una prolongación ‘artificial‘ de la fase de instrucción ‘en la que se suceden continuamente las testificales de todo aquel que haya tenido el más mínimo contacto con los hechos’, lo que, a su juicio, está acarreando ‘perjuicios devastadores‘ para su representada.
Como ejemplo de ese desvío, recuerda el auto dictado el 6 de febrero, que, según la defensa, fue ‘para responder’ a la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación del Congreso; lo califica de ‘utilización espúrea‘ del procedimiento, con ‘valoraciones políticas‘ y ‘valoraciones impropias de una instructora’. En su criterio, el tiempo transcurrido, lejos de esclarecer los hechos, ‘se está utilizando para consolidar una situación de injusticia material‘.
Esposo de la jueza
Además, el escrito alude a la posible presencia o intervención del esposo de la jueza durante la ratificación de denuncias. De confirmarse, sostiene que ‘se habría vulnerado el derecho de las partes al juez ordinario predeterminado por la ley‘ y ‘se habría incurrido en una flagrante infracción del deber de secreto‘.
Con todo, la petición central se mantiene: que el CGPJ dé un impulso y resuelva cuanto antes las quejas para asegurar una instrucción sujeta a los estándares de neutralidad y eficacia. La defensa insiste en que el órgano de gobierno de los jueces no puede permanecer al margen de una situación que, a su entender, compromete derechos fundamentales en una causa de especial gravedad, abierta por las 230 víctimas mortales de las inundaciones asociadas a la dana en Valencia.
