La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Vivienda de València han convocado una concentración para el lunes 10 de noviembre a las 8:30 horas. Será frente al número 10 de la calle Alfauir, en Gandia. El objetivo es evitar el desahucio de una familia trabajadora que no puede afrontar el incremento del alquiler. Esta familia carece de alternativas residenciales.
Desde ambas entidades denuncian que esta situación forma parte de “una nueva agresión dentro de una ola de desahucios que no se detiene». Esto ocurre pese a los discursos institucionales.
Según advierten, Gandia “ha sufrido el mayor aumento en el precio del alquiler de toda la comarca”. Ha sido un incremento del 180% en una década, y los precios de compra “se han disparado un 20% solo en el último año”.
Falta de medidas públicas
Los colectivos recuerdan que en Gandia “hay casi 10.000 viviendas vacías«. En muchos pueblos de la comarca, una de cada cinco casas permanece cerrada. En su opinión, esto agrava la emergencia habitacional. Critican que “el Ayuntamiento aplica medidas insuficientes». También mencionan que la Generalitat no ha desarrollado un parque público de vivienda.
También lamentan que “los recursos municipales son mínimos». Los protocolos de mediación llegan siempre tarde. Mientras tanto, “los bancos y fondos buitre acumulan pisos vacíos y beneficios millonarios». Las instituciones se limitan a gestionar la miseria. No aplican medidas efectivas como la expropiación temporal de uso. Tampoco penalizan el abandono de viviendas.
Llamamiento a la movilización
La PAH y el Sindicato de Vivienda hacen un llamamiento a la “movilización popular y solidaria”. Insisten en que “no se puede permitir que se desaloje a una familia más». Esto ocurre mientras hay miles de viviendas vacías. Reclaman “la paralización inmediata del desahucio». También piden un realojo digno y estable para la familia afectada.
Por último, subrayan que “la lucha por el derecho a la vivienda no es una cuestión de caridad». Es una defensa de los derechos de la clase trabajadora. Advierten que “no se quedarán calladas ante la violencia inmobiliaria e institucional». Esta violencia condena al pueblo trabajador a la precariedad y la expulsión de las ciudades.
