Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la desclasificación documentos 23F cuando se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado liderado por Antonio Tejero. La medida busca, según ha señalado, “saldar una deuda histórica con la ciudadanía” y permitirá que los archivos estén a disposición pública tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El presidente ha comunicado la decisión a través de su perfil oficial en X y ha defendido que “la memoria no puede estar bajo llave”. Además, ha afirmado que las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre y ha agradecido a quienes “abrieron camino”.
La desclasificación de los documentos del 23F se publicará en el BOE
El Ejecutivo prevé que la desclasificación se haga efectiva el miércoles 25, una vez aparezca en el BOE. A partir de ese momento, los documentos podrán consultarse en la web oficial de la Moncloa. La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá más detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Entre los archivos pendientes figura el sumario completo del juicio que custodia el Tribunal Supremo, compuesto por 89 legajos con grabaciones originales y declaraciones de los implicados. También se incluyen fondos de los antiguos servicios de inteligencia, entonces denominados CESID, con transcripciones de las escuchas de la noche del 23 de febrero de 1981, clasificadas como “alto secreto”.
Asimismo, aparecen comunicaciones de la Casa Real y de Moncloa, junto con informes internos de movilización de distintas regiones militares.
La nueva ley de secretos oficiales y el cambio de paradigma
La iniciativa va más allá del proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado en 2025, que pretende sustituir la normativa franquista de 1968. Ese texto plantea la desclasificación automática de los documentos considerados “alto secreto” a los 45 años, de los “secretos” a los 35, y fija plazos de entre siete y nueve años para la información “confidencial” y de entre cuatro y seis para la “restringida”.
Hasta ahora, la apertura de estos documentos dependía de la decisión del Gobierno, del Congreso o de una orden judicial. Con la nueva norma, el sistema se invierte y establece plazos automáticos, aunque el Ejecutivo podrá mantener la reserva si afecta a la seguridad nacional, salvo en casos vinculados a violaciones de derechos humanos.
Debate político y papel del rey Juan Carlos I
La petición de desclasificar los documentos del 23F ha sido recurrente en distintas legislaturas por parte de formaciones como el PNV o Podemos. Sin embargo, las propuestas anteriores no prosperaron por las resistencias internas a su publicación.
Hace unos meses, durante la presentación de la serie Anatomía de un instante en el Congreso, Javier Cercas solicitó públicamente que se hiciera pública toda la documentación disponible.
“Le voy a pedir una cosa: por favor, hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado porque la verdad la sabemos y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un elemento menos que agarrarse para sus mentiras”. Sánchez compartió posteriormente ese mensaje y ha confirmado ahora la desclasificación.
El papel del entonces rey Juan Carlos I continúa siendo uno de los aspectos más debatidos. En su libro de memorias, defendió que no tenía “nada que ocultar” y relató que reaccionó con estupor ante la irrupción armada en el hemiciclo. Con la apertura de los archivos, historiadores y especialistas confían en aclarar definitivamente los hechos que rodearon aquella jornada clave para la democracia española.
