El informe elevado por la Intervención General de la Generalitat correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2023 referido al ejercicio de 2022 ha detectado “incumplimientos” de la normativa en las áreas de retribuciones de personal, contratación, control de subvenciones y tesorería.
Al respecto, detalla que se han recibido bienes y servicios sin expediente de contratación por 117,2 millones, que 18 entidades realizaron un “uso incorrecto” de contratos menores y que otras 11 “no adoptaron medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupción“.
Con respecto al área de personal, el informe incide en la “necesidad de mejora” en los instrumentos de regulación de las condiciones retributivas de las plantillas del sector público instrumental. En ese sentido, subraya que, en “gran parte” de las entidades auditadas, el estado de tramitación de estos instrumentos “ha impedido aplicar en su totalidad los procedimientos y pruebas de auditoría planificadas para el control de la adecuación a la legalidad de las retribuciones satisfechas“.
Así, concluye que de 42 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial “únicamente 17 de ellas disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos“, lo que conlleva que “sobre el 84 por ciento de los importes satisfechos como retribuciones en estas entidades no exista masa salarial autorizada“.
Respecto a las autorizaciones para la contratación de personal laboral temporal, reguladas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, el informe constata que durante el ejercicio 2022 las entidades del sector público instrumental de la Generalitat han realizado 8.092 altas de personal laboral temporal, “mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos han sido 3.046“. Así, añade que en el ejercicio 2022 “existen más de 5.000 contrataciones de personal laboral temporal que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos“.
En lo que se refiere a contratación, han sido auditadas 53 entidades. De ellas, cinco han recibido una valoración positiva, 40 entidades han merecido calificación de favorable con salvedades u observaciones, ocho fueron desfavorables y una entidad ha recibido una valoración denegada.
INCIDENCIAS “SIGNIFICATIVAS”
En cuanto a las incidencias “más significativas” en este ámbito, se ha detectado la recepción de bienes y servicios “sin el oportuno expediente de contratación” por importe de 117,2 millones de euros, lo que representa “un 17,22% de la totalidad de los contratos adjudicados en el sector público instrumental“.
Mientras, añade que en 18 entidades se ha realizado un “uso incorrecto” de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten “año tras año” o se producen fraccionamientos de contratos para “eludir” la tramitación de procedimientos no menores, “incumpliendo los límites que dispone la Ley de Contratos“.
Además, apunta que en 11 entidades del SPI no se han adoptado “medidas adecuadas” para “luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir” en los procedimientos de licitación.
En este sentido, el informe recomienda que se adopten sistemas de integridad que incorporen medidas de prevención y detección “eficaces” para la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, y que se obligue, entre otras medidas, a firmar declaraciones de ausencia de conflictos de interés por “todos los participantes en el proceso de contratación y en todas sus fases“, desde la preparación a la ejecución y liquidación de los contratos, entre otros aspectos.
Subvenciones
En el área de subvenciones, se estima que, con “carácter general” para todas las entidades, se debería “agilizar “el registro de los pagos de subvenciones en las aplicaciones correspondientes, ya que “se excede el plazo reglamentario del mes siguiente al de la producción del pago material al beneficiario“.
Además, también para todas las entidades del sector público instrumental, se ha detectado “debilidad” en el procedimiento de detección de doble financiación del gasto subvencionable o del control de las posibles incompatibilidades con otras ayudas
En el área de tesorería, un total de 16 entidades no utilizan el punto general de entrada de facturas electrónicas FACE como canal de presentación de facturas. Al respecto, subraya que la implantación de un sistema de facturación electrónica “permitiría que las facturas emitidas por los proveedores aseguren la identificación del emisor y la cuenta bancaria designada por este”.
En cuanto al registro de las facturas presentadas por los proveedores, se advierten “aspectos a mejorar” en 10 entidades en relación con su sistema de registro de facturas. En este sentido, por ejemplo, se ha verificado el uso de registros manuales u hojas de cálculo, registros no informatizados y no interconectados con registros de proveedores u órdenes de pago, así como la coexistencia, en una misma entidad, de registro informatizado y manual según el canal de entrada de la factura.
En paralelo con la incorporación a la facturación electrónica, se considera necesario establecer un sistema de registro de facturas que permita disponer, “en cualquier momento”, de la “cifra real” de los gastos pendientes de pago por las entidades del sector público, lo que permitiría “mejorar la calidad del control del gasto público“.
Por otro lado, el informe advierte de las incidencias referidas a la ausencia de procedimientos formalmente aprobados de verificación de los datos de los terceros, con los que se relaciona económicamente y sus cuentas bancarias, así como la “ausencia de identificación electrónica segura del tercero y de la cuenta bancaria destinataria del pago“.
En este sentido, ha observado “la necesidad de establecer y aprobar formalmente protocolos para la identificación de los terceros con los que se relaciona económicamente la entidad y su alta en las aplicaciones informática de gestión, así como la introducción de medidas técnicas de control“.
Por otro lado, señala que las entidades del sector público “no han comunicado que dispongan de un sistema de autoevaluación de riesgos que permita identificar y medir aquellos que afectan al área de gestión de recursos financieros“.
En este sentido, el órgano de control recomienda el desarrollo e implantación de sistemas de autoevaluación de riesgos que permitan “identificar y medir” aquellos que afectan al área de gestión de recursos financieros, “en especial” el riesgo de fraude o error en los pagos.
Por otro lado, un total de 36 entidades disponen de un sistema de pago similar a los anticipos de caja fija y “no existe una normativa común de aplicación” a los distintos entes que conforman el sector público instrumental de la Generalitat que establezca “un marco común” en relación con los límites cuantitativos, los gastos que pueden ser satisfechos o su régimen de justificación.
