La Guardia Civil ha detenido en Valencia a una mujer de 43 años y la ha acusado de sustraer de manera continuada alrededor de 40.000 euros de la cuenta bancaria de la anciana dependiente a la que cuidaba y para la que también realizaba labores de limpieza en el domicilio.
La investigación se inició a partir de una información que alertaba de que una mujer de edad avanzada podría estar sufriendo un perjuicio económico relevante derivado de una posible actividad delictiva. A raíz de este aviso, los agentes revisaron los movimientos bancarios de la cuenta de la anciana y detectaron numerosas retiradas en efectivo de varios cientos de euros, con importes que en muchos casos rondaban los 700 euros. La frecuencia y el volumen de estas operaciones resultaron sospechosos, ya que no se correspondían con el perfil habitual de gasto de la víctima.
La víctima presentaba una discapacidad física notable que la hacía dependiente para muchas tareas cotidianas, lo que dificultaba que pudiera desplazarse con normalidad a las entidades bancarias o a los cajeros automáticos. Esta circunstancia, unida a los importes extraídos, llevó a los investigadores a concluir que no era ella quien realizaba las retiradas de efectivo ni los extractos de su cuenta corriente.
Uso de la cartilla y la tarjeta de la víctima
Para aclarar quién estaba detrás de estas operaciones sospechosas, los agentes consultaron las grabaciones de las cámaras de los cajeros en los que se habían registrado las retiradas de dinero. En las imágenes comprobaron que las operaciones eran realizadas por la persona que ejercía como cuidadora de la anciana y que, además, se encargaba de la limpieza del domicilio.
Según el relato de la investigación, la detenida habría aprovechado su posición de confianza y el acceso habitual al hogar de la víctima para hacerse con la cartilla y la tarjeta bancaria. También disponía de los códigos de seguridad y del número PIN necesarios para operar con la cuenta, lo que le permitía actuar como si fuera la titular. La situación de dependencia de la anciana facilitaba que estos movimientos pasaran desapercibidos durante un tiempo, ya que la víctima tenía más dificultades para comprobar por sí misma la actividad de su cuenta.
Tras analizar de forma detallada los gastos y reintegros, los agentes calcularon que el perjuicio económico para la anciana ascendía a unos 40.000 euros. Además, observaron un patrón: la cuidadora solía acudir al domicilio para realizar las tareas de limpieza poco después de que la mujer hubiera cobrado la pensión. De este modo, la sospechosa disponía de un margen de tiempo en el que la cuenta tenía saldo suficiente para efectuar retiradas en efectivo.
Los investigadores determinaron que las extracciones se realizaban en distintos cajeros y con ambos instrumentos bancarios, tanto con la tarjeta como con la cartilla, en cantidades que se situaban habitualmente en torno a los 700 euros. Esta dinámica, repetida a lo largo del tiempo, permitió a la sospechosa acumular un importante botín sin levantar inicialmente sospechas en su víctima.
Ante la sospecha de que la cuidadora pudiera intentar nuevas operaciones, el pasado 25 de marzo los agentes organizaron una vigilancia en las inmediaciones de uno de los cajeros que, según sus análisis, era utilizado con frecuencia por la detenida. Durante esta espera, observaron cómo la mujer se aproximaba al cajero y empleaba una cartilla bancaria que pertenecía a la anciana.
En ese momento, los guardias civiles la interceptaron y comprobaron que estaba tratando de realizar un nuevo reintegro en efectivo desde la cuenta de la víctima. Ante estos hechos, procedieron a su detención como presunta autora de un delito continuado de estafa. En el marco de la actuación, los agentes consiguieron recuperar el dinero vinculado a estas operaciones fraudulentas.
La investigación ha sido desarrollada por efectivos del Puesto Principal de Llombai, que han recopilado toda la información bancaria y las pruebas obtenidas en los cajeros, incluidas las imágenes de videovigilancia. Las diligencias practicadas han sido remitidas al Juzgado con funciones de guardia de Picassent, que será el encargado de continuar el procedimiento judicial y determinar las responsabilidades penales derivadas de los hechos.
