La Policía Nacional ha detenido en Torrent a una mujer de 33 años acusada de empadronar de forma ilegal a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de 1.000 euros. La investigación apunta a que facilitaba contratos de alquiler falsos en viviendas situadas en Torrent, Albal y La Pobla de Vallbona, con el fin de que esas personas pudieran obtener certificados de empadronamiento y otros documentos para solicitar posteriormente el permiso de residencia.
La arrestada está investigada como presunta autora de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y coacciones inmobiliarias. Según la Policía Nacional, la mujer también habría amenazado y presionado a inquilinos a los que formalmente alquilaba habitaciones para que abandonaran los inmuebles.
La investigación se inició después de que los agentes detectaran que una mujer podría estar promoviendo de forma reiterada y con ánimo de lucro la permanencia en España de personas no pertenecientes a estados miembros de la Unión Europea, vulnerando la normativa sobre estancia de extranjeros.
Contratos falsos y hasta 30 empadronados en una vivienda
Las pesquisas de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Torrent permitieron averiguar que la sospechosa gestionaba seis domicilios en las localidades de Torrent, Albal y La Pobla de Vallbona. Esos inmuebles pertenecían a tres empresas de las que ella aseguraba ser apoderada.
Siempre según la investigación policial, la mujer proporcionaba contratos de alquiler fraudulentos y empadronamientos a extranjeros en situación irregular, pese a que esas personas no residían realmente en las viviendas señaladas en la documentación. Los agentes han constatado incluso la existencia de hasta 30 personas empadronadas en una misma vivienda.
Esos contratos eran utilizados por personas de distintas nacionalidades para conseguir certificados de empadronamiento u otros documentos que les permitieran iniciar trámites administrativos relacionados con la residencia en España.
Amenazas a inquilinos y presión para abandonar las viviendas
La investigación también sostiene que la detenida alquilaba habitaciones a extranjeros que sí residían legalmente en España, aunque formalizaba los contratos con un DNI que no era el suyo o con otras irregularidades documentales.
Además, en algunos casos no habría respetado las condiciones económicas pactadas inicialmente. Según la Policía Nacional, no renovaba los contratos en tiempo y forma y ejercía presión sobre los arrendatarios cuando estos no aceptaban un incremento de la mensualidad, lo que acababa forzando en muchos casos el abandono del inmueble.
Algunos de los perjudicados habrían sufrido además amenazas, coacciones e incluso violencia para impedirles disfrutar de las viviendas que ocupaban legítimamente, lo que, según la investigación, generaba una situación de especial vulnerabilidad.
La detenida, que contaba con antecedentes policiales por hechos similares, ha pasado ya a disposición judicial.
