La Diputación de Valencia ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia para personarse oficialmente como posible perjudicada en la causa. Esta acusación es por un presunto delito de estafa por falsificación que se atribuye al excomisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel Batalla, a raíz de la presentación de un título universitario supuestamente falso.
Personación y alcance
Al personarse, la institución solicita ser notificada de todas las actuaciones y acceder al expediente.
Esta condición procesal le permite intervenir en la investigación, plantear diligencias y, en su caso, reclamar los perjuicios que considere acreditados. Esto es coherente con su interés en esclarecer si hubo engaño mediante un título no válido.
La petición no supone un pronunciamiento sobre la culpabilidad del investigado. Es una medida formal para salvaguardar el interés público y asegurar que los servicios jurídicos de la institución puedan seguir de cerca los plazos. Así, resolverán con criterio las actuaciones que se acuerden. Con la personación, la Diputación busca comunicarse de manera inmediata sobre cualquier avance para ejercer su defensa del interés general.
Diligencias de investigación a la Fiscalía
La Diputación ya había pedido a la Fiscalía, el 2 de octubre, diligencias de investigación para esclarecer la presunta falsificación de una diplomatura en Archivística y Biblioteconomía de la Universitat de València.
El investigado es funcionario de esta administración desde agosto de 1987. Esto explica que el foco se sitúe en su trayectoria. Además, se enfoca en los posibles efectos que habría tenido la titulación cuestionada en su carrera.
Según detalla la propia corporación, José María Ángel ha ocupado distintos puestos de categorías A y B. Estos exigen, por norma, una diplomatura o licenciatura. Por ese motivo sostiene que pudo verse perjudicada por un delito al ‘haber sufrido un menoscabo directo en su actuación y patrimonio como consecuencia de los hechos investigados’. Este planteamiento apunta tanto a la correcta cobertura de plazas como a eventuales diferencias retributivas ligadas a la cualificación exigida.
Indicios y responsabilidades en revisión
En la administración, esas categorías están vinculadas a perfiles profesionales con responsabilidad y a escalas retributivas dependientes de la cualificación exigida. Por ello, cualquier irregularidad en la acreditación puede distorsionar concursos, provisiones y complementos. De ahí que la corporación subraye la necesidad de aclarar si la diplomatura invocada era válida o no.
La Agencia Valenciana Antifraude ya investigó estos hechos en julio y concluyó que el título es ‘presumiblemente falso’. En su informe, apuntó que Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universitat de València. Además, en su expediente personal no constan evidencias de esa titulación, extremos que refuerzan la sospecha de falsedad.
Además, Antifraude señaló a dos funcionarios de la Diputación que, ‘mediante una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, no realizaron las comprobaciones oportunas‘. Este señalamiento no determina una responsabilidad penal, pero sí abre la puerta a depurar responsabilidades administrativas. También invita a revisar los procedimientos internos de verificación de títulos, especialmente en procesos de selección, provisión de puestos y control de méritos.
Resolución admisión
A partir de ahora, el Juzgado de Instrucción 4 valorará el escrito de personación y resolverá su admisión. Con ello, la Diputación quedaría habilitada para recibir notificaciones, formular alegaciones y, llegado el caso, ejercer acciones. La investigación judicial continuará con las diligencias que estime oportunas para confirmar o descartar la falsificación y, en su caso, delimitar responsabilidades.
