La deuda histórica del Gobierno de España con la Comunitat sigue sumando impagos. Ahora, el Consell exige una deuda de 1.022,9 millones de euros por las asistencias sanitarias a pacientes españoles procedentes de otras autonomías y a extranjeros no residentes en municipios valencianos. Estos impagos vienen acumulándose desde 2012; es decir, desde el primer mandato de Mariano Rajoy hasta el actual de Pedro Sánchez.
“Son 1.022 millones de euros que el Gobierno debería pagar a esta comunidad”, ha resaltado la consellera portavoz, Ruth Merino. “Un año más se hace esta autorización a la Conselleria de Sanitat para reclamar al Gobierno de España esta cuantía, por asistencia prestada por la Comunitat Valenciana·, ha agregado en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell de este martes.
Según ha detallado Merino, la Administración central del estado adeuda a la Generalitat, 23,1 millones de euros por asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras regiones. Esta cifra corresponde al periodo entre julio de 2012 y diciembre de 2013 y debe ser abonada a través del Fondo de Garantía Asistencial (Foga).
Estos 23,2 millones se suman a los 798,9 por Atención Especializada a los llamados “desplazados” de otras comunidades autónomas y países de la UE, dentro del mismo Foga. Pero, además, hay pendientes otros 99,6 millones del Fondo de Cohesión Sanitaria, por las liquidaciones de los ejercicios entre 2013 y 2023.
La suma de 1.023 millones es completada por otros 101,3 millones de euros que adeuda el Gobierno de Sánchez la Comunitat por la liquidación por la asistencia sanitaria prestada a extranjeros en ese mismo periodo.
Incumplimiento del Gobierno con la Comunitat Valenciana
La también consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha recordado que el Gobierno incumple un real decreto ley de 2012; concretamente, el de Medidas Urgentes para la garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Esta normativa debería compensar las casi 200.000 atenciones especializadas a desplazados cada año. Esto genera un coste anual, no abonado, a la Generalitat de 77,6 millones de media.
Pero el Consell exige una deuda más. En otro ámbito, pero también social. Ruth Merino reclama al Gobierno “que deje de mirar a otro lado” y pague el 50 % que le corresponde para atención a la dependencia. Este martes se ha aprobado un convenio con el IMSERSO por 68 millones, “que llega al 25%. Y debería pagar el 50%”.
Merino ha insistido en exigir al Gobierno central: “Que pague lo que debe a esta comunidad, porque nos supone un nuevo esfuerzo a la Generalitat, por esta desatención continuada. No vamos a dejar de denunciarla”, ha apostillado. Así, habrá nuevos episodios, porque este martes el Consell exige una deuda más, pero habrá nuevas reivindicaciones.
Presupuestos de 2025 y propuestas de VOX
Por otra parte, en su comparecencia, Merino se ha referido al borrador de presupuestos de 2025. El Gobierno de Mazón, además, no tiene previsto incluir propuestas de VOX hasta que ese documento previo llegue a Les Corts para ser tramitado. La formación de Abascal había reclamado tener ese borrador (antes de Les Corts) y anunció la aportación de propuestas.
“Ha habido conversaciones en los últimos días, porque el partido VOX ha mostrado predisposición y las conversaciones siguen en marcha. Pasado mañana -este jueves- se presentan y se llevan a las Cortes Valencianas”.
Así se ha expresado Merino, en el sentido de que ha habido “conversaciones (con VOX) y ninguna exigencia para incluir en un borrador”. Esto significa que no está previsto incluir ninguna propuesta de antes de que el Pleno extraordinario del Consell del jueves apruebe el documento y sea enviado al Parlamento valenciano.
Nombramientos y otros acuerdos del Consell
El Consell ha aprobado en su reunión de este martes el nombramiento de Vicente Huet, como nuevo director general de Interior. Con una “amplia experiencia en la administración local”, Huet era hasta ahora director de gabinete del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.
También han sido nombrados como miembros del Comité Económico y Social (CES), María Amparo Camarero y el presidente de Lo Rat Penat, Enrique Esteve Mollà. Camarero y Esteve sustituyen a Francisco Sanahuja y Purificación Baldoví, designados en 2016.
El Ejecutivo valenciano ha dado su aprobación a un convenio con el Ayuntamiento de Alicante para finalizar las obras del Centro de Recursos para la Juventud de la ciudad, por 993.00 euros.
Asimismo, el Consell aprueba un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para ayudar a gestionar comunidades de propietarios con vulnerabilidad social y económica. Se hará mediante la figura del “administrador de fincas de oficio”. El Gobienro valenciano destina 250.000 euros a este proyecto.
El Gobierno autonómico ha autorizado un convenio entre la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la Universitat Politècnica de València (UPV) para impulsar la Cátedra Maderamen. Serán 100.000 euros para promocionar el uso de la madera en la construcción.
Otro convenio, entre la Agència Tributaria Valenciana (ATV) y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, permitirá colaborar en determinadas actuaciones relacionadas con los procedimientos de comprobación de valores. En concreto, en los los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, así como sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Por último, el Consell ha aprobado la denominación oficial bilingüe del municipio de Montcada/Moncada. Esta población de l’Horta Nord hasta ahora solo tenía como nombre oficial su forma en castellano.
