El Gobierno ha aprobado una nueva orden que amplía y flexibiliza las ayudas para los municipios afectados por la dana, con el fin de que las entidades locales no solo reparen los daños, sino que también mejoren, amplíen y adapten sus infraestructuras para proteger a la ciudadanía frente a nuevas inundaciones.
Con esta modificación, el Ejecutivo ha reforzado su compromiso con los municipios golpeados por la dana de octubre y noviembre de 2024 y ha dado un paso más en la reconstrucción y la prevención ante futuras emergencias climáticas.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha validado la Orden TMD/1586/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, que modifica la TMD/101/2025 y entra en vigor de forma inmediata. El nuevo marco apuesta por reconstruir mejor, con infraestructuras más seguras, resilientes y preparadas frente a los efectos del cambio climático.
Más alcance y usos preventivos
A través de la Orden TMD/101/2025, el Ministerio había concedido 1.745 millones de euros, abonados por anticipado, a 78 entidades locales —77 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Valencia— para reparar y reconstruir infraestructuras y servicios dañados por la dana, uno de los episodios meteorológicos más graves de la historia reciente, que causó 238 víctimas mortales y enormes daños materiales.
Con la nueva orden, el alcance de esas ayudas se ha ampliado para que puedan destinarse también a la mejora y la expansión de infraestructuras municipales dañadas y a la adaptación de equipamientos y servicios públicos al cambio climático. Esto permite priorizar intervenciones que reduzcan la vulnerabilidad del territorio y eviten repetir daños en futuras crecidas.
Además, se ha abierto la puerta a financiar la construcción de nuevas infraestructuras municipales destinadas a prevenir avenidas torrenciales e inundaciones; la adquisición de suelos y viviendas en zonas de riesgo para actuaciones preventivas; y la asistencia técnica que facilite la gestión, el seguimiento y la correcta justificación de los proyectos. Con estas opciones, los ayuntamientos pueden planificar soluciones más integrales, desde obras de retención y drenaje hasta realojos en áreas seguras cuando el riesgo lo aconseje, y contratar equipos especializados para cumplir los requisitos administrativos sin retrasos.
Nueva gobernanza para agilizar proyectos
La orden ha reforzado también la coordinación institucional al atribuir al Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana las funciones de gestión, seguimiento y control de estas subvenciones, que hasta ahora desempeñaba la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
Este cambio de gobernanza busca agilizar la ejecución de las actuaciones, mejorar el acompañamiento a los ayuntamientos y asegurar un control más eficaz de unas inversiones clave para la recuperación. La existencia de un interlocutor único favorece criterios homogéneos, reduce duplicidades y acelera la tramitación de proyectos, especialmente en municipios con menos recursos técnicos.
La medida se enmarca en la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento, centrada en el relanzamiento económico, la normalización de los municipios afectados y la prevención frente a nuevas emergencias climáticas. Con esta decisión, el Ejecutivo ha reafirmado que no se limita a reparar los daños, sino que impulsa un modelo de reconstrucción orientado a proteger mejor a la ciudadanía, reforzar los servicios públicos y preparar a los municipios ante los retos climáticos del futuro.
