El PSPV acusa al Consell de ocultar información a la comisión de investigación de la DANA

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La formación socialista denuncia que el Consell se niega a entregar a la comisión de investigación de la DANA un informe sobre la gestión en la presa de Buseo, alegando que es prueba en un procedimiento penal.

El PSPV-PSOE ha denunciado que el Consell se niega a entregar a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana de octubre de 2024 un informe considerado clave sobre la gestión de la emergencia en la presa de Buseo, pese a que este documento había sido solicitado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

La portavoz socialista de Emergencias, Alicia Andújar, explica que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha rechazado remitir a la comisión un informe detallado sobre cómo actuaron los responsables autonómicos en la presa durante el episodio de lluvias extremas de finales de octubre. Según Andújar, este documento es esencial para reconstruir la secuencia de decisiones adoptadas en un momento crítico y para esclarecer si se aplicaron correctamente los protocolos previstos.

La diputada destaca que la presa de Buseo es la única infraestructura de este tipo cuya titularidad y gestión corresponden directamente a la Generalitat, a través del conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina. Recuerda que en la noche del 29 de octubre el embalse se desbordó por coronación, lo que generó un torrente descontrolado aguas abajo. Ese episodio, en el contexto de la dana, se relaciona con la muerte de siete personas, dentro del balance total de 230 víctimas que dejó el temporal.

Andújar considera que este vínculo entre la gestión de la presa y las consecuencias mortales de la riada refuerza la necesidad de que el Parlament valenciano acceda al informe para examinar con detalle qué ocurrió en cada fase de la emergencia. A su juicio, sin esa documentación resulta más difícil determinar responsabilidades políticas y proponer cambios normativos que eviten que una situación similar se repita en el futuro.

La diputada socialista ha criticado la actitud que califica de obstruccionista y entorpecedora del conseller Valderrama respecto a los trabajos de la comisión de investigación. Sostiene que la opacidad que atribuye al responsable de Emergencias es intolerable, porque impide que los diputados ejerzan su labor de fiscalización y envía un mensaje de falta de colaboración institucional en un asunto especialmente sensible para las víctimas y sus familias.

Argumentos legales del Consell

En un escrito dirigido a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, el conseller de Emergencias se ampara en el artículo 53.3 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias para justificar su negativa. En ese precepto se establece que la información relativa a la gestión de un incidente de emergencias del 112, una vez finalizada, únicamente se facilitará a solicitud de la autoridad judicial. Sobre esta base, Valderrama sostiene que la comisión parlamentaria no puede acceder al material solicitado.

El conseller añade además que la documentación requerida constituye una prueba judicial en el marco de un procedimiento penal ya abierto. Por ello, afirma que debe respetarse el régimen propio de las actuaciones judiciales y remite a las normas procesales y administrativas que regulan estas situaciones, lo que, en la práctica, bloquea la remisión del informe a Les Corts mientras siga vigente el secreto de las diligencias.

Desde la Conselleria de Emergencias se subraya que se ha actuado conforme a la legalidad y siguiendo el mismo criterio que ha aplicado la jueza de Catarroja ante una petición similar de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Según recuerdan, en aquel caso la magistrada invocó el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para remarcar que las actuaciones tienen carácter reservado hasta que, en su caso, se abra el juicio oral, lo que impide trasladar la información a otros órganos mientras dure la fase de instrucción.

La Conselleria considera absolutamente lamentable que Andújar, de la que destacan que cuenta con formación jurídica, tergiverse y retuerza la realidad para obtener un titular interesado. Añade que el PSPV dispone ya de esa documentación porque forma parte procesal del procedimiento penal, por lo que interpreta la polémica como un intento de generar un enfrentamiento político en torno a un material al que, según sostiene, el propio partido denunciante tiene acceso por la vía judicial.

Por su parte, la diputada socialista califica la respuesta de Valderrama como un desaire más a Les Corts y recuerda que, a su entender, arrastra un largo historial de falta de transparencia y de negativa a responder a las solicitudes de información formuladas por los diputados. Desde esta óptica, sitúa el nuevo desencuentro en una dinámica prolongada de tensión entre el conseller y la oposición en materia de rendición de cuentas.

Andújar defiende que las comisiones de investigación parlamentarias son órganos con atribuciones especiales para garantizar una fiscalización efectiva de la administración sobre la que tienen competencia. A partir de esta premisa, interpreta la negativa a entregar el informe sobre la presa de Buseo como un claro intento de obstrucción de los trabajos, orientado a impedir que se conozca la verdad completa sobre la gestión de la emergencia y sobre los posibles fallos producidos en la cadena de mando.

La diputada recuerda, además, que el artículo citado por el conseller establece que las conversaciones que los ciudadanos u organismos mantengan con 112 Comunitat Valenciana, ya sea por teléfono o por radio, serán grabadas a efectos de protección de datos personales. Según su lectura, la finalidad de esa previsión es garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, no impedir el control parlamentario de los informes generales sobre la actuación de la Administración en una fecha concreta.

En consecuencia, Andújar sostiene que esa referencia legal no puede utilizarse para vetar al Parlamento valenciano el acceso a un informe sobre la gestión realizada el 29 de octubre por la administración competente. Avisa de que, si se mantiene esta interpretación restrictiva, se estará coartando de manera injustificada las pesquisas de los diputados y debilitando la capacidad de Les Corts para depurar responsabilidades políticas tras un episodio de graves consecuencias humanas y materiales.


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