El Tribunal Supremo ha dado un plazo de tres días a las acusaciones para que se pronuncien sobre las peticiones de libertad de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que han solicitado salir de prisión para preparar con sus letrados el juicio de mascarillas.
El tribunal que juzgará el caso a partir del 7 de abril ha adoptado una providencia, fechada el 10 de marzo, que fija un plazo ‘improrrogable’ para que, desde la notificación, el Ministerio Fiscal y la acusación popular unificada presenten sus alegaciones. Con este trámite, la Sala ordena el debate previo a una decisión sobre la situación personal de ambos acusados.
Plazo improrrogable y derecho de defensa
Ábalos y García han reclamado la excarcelación para asegurar, en sus palabras, el pleno respeto al derecho de defensa y han invocado la inexistencia de riesgo de fuga. Sus defensas, ejercidas por Marino Turiel y Leticia de la Hoz, han denunciado indefensión por la dificultad de mantener en prisión reuniones con la frecuencia y duración necesarias en una causa que exige revisar una ingente cantidad de folios y dispositivos electrónicos.
La defensa de Koldo García ha pedido además garantizar su acceso a medios informáticos en el centro penitenciario o autorizar reuniones técnicas diarias con su abogada. La Sala ha señalado que no se opone a estas medidas, sin perjuicio de lo que decidan la dirección del centro penitenciario o la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, lo que permite habilitar herramientas de trabajo aun si no se concede la libertad.
El tribunal también ha respondido a la solicitud de García para sentarse junto a su letrada en el juicio y declarar en último lugar. Ha precisado que la ubicación de los acusados será la misma que en la audiencia preliminar del 12 de febrero, salvo en lo relativo a su declaración, extremo que se ajustará a lo que corresponda en sala.
En aquella vista, el exasesor se sentó junto a Ábalos en un banco detrás de los letrados de la defensa, y a su izquierda, separado por dos agentes, se situó Víctor de Aldama, también investigado como presunto comisionista de la trama.
Acciones perjudicadas presunto delito malversación
En otra providencia, la Sala ha ofrecido a las empresas públicas Ineco y Tragsatec que puedan emprender acciones como perjudicadas por el presunto delito de malversación, a petición de la Fiscalía. Este paso abre la vía para que, si así lo estiman, se personen con ese interés y reclamen los daños que consideren acreditados.
Entre el 7 y el 30 de abril se seguirá el juicio contra el exministro, su asesor y el citado comisionista. La Fiscalía ha solicitado 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para su exasesor, mientras que las acusaciones populares elevan sus peticiones hasta 30 años; para Aldama ha pedido 7 años, al valorar su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.
Una vez recibidas las alegaciones de las acusaciones, el Supremo deberá resolver si mantiene la prisión provisional de Ábalos y García o si la sustituye por su libertad con las condiciones que estime, decisión que enmarcará la preparación inmediata del juicio
