España deberá invertir 103.824 millones de euros en la próxima década para minimizar los efectos de las sequías y reducir los riesgos de inundación, según un informe de Seopan y Typsa. La cifra se aproxima a 104.000 millones y persigue aumentar la resiliencia hídrica y proteger a población, actividades económicas e infraestructuras.
El plan agrupa actuaciones en dos bloques: 84.644 millones para contrarrestar la variabilidad de precipitaciones y temperaturas que provoca escasez de agua, y 19.180 millones para disminuir los daños por inundaciones. Se propone una combinación de nuevas infraestructuras, modernización de las existentes y mejoras de gestión, con horizonte de diez años.
Desglose de las inversiones
En el frente de la sequía, se plantea actuar en adaptación al cambio climático y gestión de la demanda, con una apuesta por ampliar la desalación y la reutilización del agua por 10.933 millones. Estas soluciones permiten disponer de recursos menos dependientes de la lluvia y aprovechar caudales ya usados, reduciendo la presión sobre acuíferos y embalses en periodos secos.
El grueso del esfuerzo, 59.183 millones, corresponde al ciclo urbano del agua para cumplir las directivas europeas de abastecimiento y saneamiento. Esto implica renovar y ampliar captaciones, tratamientos, redes y depuradoras para asegurar la calidad del suministro, disminuir pérdidas en conducción y reforzar la capacidad de depuración, con efectos directos en la salud pública y el medio ambiente urbano.
Otros 7.647 millones se reservan a nuevos trasvases y a optimizar los existentes, junto con la evaluación de nuevas necesidades de regulación mediante presas y planes de conservación y mantenimiento. El objetivo es equilibrar disponibilidades entre cuencas, aumentar la garantía de suministro y asegurar márgenes de respuesta ante episodios prolongados de escasez.
En materia de inundaciones, el informe prevé 9.443 millones para mejorar el drenaje urbano y reducir el riesgo pluvial. Las lluvias intensas saturan redes y viarios; por ello se plantean actuaciones para incrementar la capacidad de desagüe y gestionar mejor el agua en la ciudad, reduciendo anegamientos, afecciones al tráfico y daños en servicios esenciales.
Además, se contemplan 4.644 millones para adecuación y modernización de presas conforme a las normas de seguridad vigentes, con especial foco en aliviaderos, órganos de desagüe y sistemas de monitorización. A esto se suman 3.550 millones en medidas estructurales destinadas a obras de defensa y a intervenir en áreas con riesgo potencial significativo de inundación, con el fin de proteger a las poblaciones y actividades situadas aguas abajo.
Zonas de riesgo y actuaciones en cuencas mediterráneas
El documento recuerda que 2,7 millones de personas viven en zonas inundables y más de 473.000 en áreas de alto riesgo, por lo que la prevención no es solo una cuestión técnica, sino de seguridad y planificación territorial. Reducir la exposición y la vulnerabilidad exige priorizar proyectos donde el impacto esperado sea mayor.
Como apéndice, se detallan 4.052 millones de inversión en cuencas mediterráneas. Se recomienda la ejecución o alternativas de las presas valencianas de Vilamarxant, Estubeny y del Marquesado, junto con una nueva presa del Buseo y la anticipación de la de Montesa. También se recogen actuaciones en estudio en el barranco del Poyo, el Pla de Quart y los barrancos de Saleta, Pozalet y Massanassa, con una inversión conjunta de 424 millones, orientadas a reducir el riesgo en episodios de lluvias intensas.
El informe subraya la necesidad de un marco financiero estable y predecible y de coordinar los planes hidrológicos de tercer ciclo con los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo. Advierte, además, del bajo grado de ejecución del último ciclo, en el que los Planes Hidrológicos de Cuenca no alcanzaron el 30 % de cumplimiento, lo que evidencia retrasos y limita la eficacia de las políticas. Sin financiación y coordinación, las actuaciones se dilatan y la exposición a sequías e inundaciones persiste.
