El esqueleto de financiación presentado por el Gobierno en el mes de diciembre no solucionaría el problema de infrafinaciación de la Comunitat Valenciana. Así lo ha determinado el Comité de expertos en financiación autonómica, designado por Les Corts, en el informe de alegaciones donde asegura que este borrador es «técnicamente poco satisfactorio» para el territorio valenciano.
A lo largo de las 75 páginas, han explicado que el nuevo modelo del Ministerio de Hacienda no acabaría con la falta de financiación para el territorio valenciano, por ello abogan por recalcular el criterio de población ajustada con indicadores y variables «bien fundamentadas», ya que el actual documento no concreta dicha propuesta y podría «mantenerse una financiación por habitante alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas».
Además emplaza a Hacienda a crear un mecanismo de transición en 2022 hasta la llegada del nuevo modelo para paliar los efectos de la infrafinanciación y a compensar la deuda histórica que arrastra la Comunitat como consecuencia de esa falta de recursos.
Este documento se ha presentado esta mañana al grupo mixto de la cámara valenciana, donde están representados todos los partidos políticos y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y más tarde se ha entregado al president de la Generalitat, Ximo Puig. El jefe del Consell se ha reunido posteriormente con los integrantes de la Plataforma per un Finançament Just para compartir las posturas y las alegaciones que se realizarán al departamento de la ministra Montero antes del 31 de enero.
Tras la reunión, Puig ha anunciado que el Consell «hace suyo» este informe de los expertos «basado en el rigor» y que serán estas las alegaciones que presentará esta misma semana al Ministerio de Hacienda. El jefe del Consell ha pedido así «unidad y cohesión» de todas las fuerzas políticas para lograr «un acuerdo de una España justa».
Por ello, las alegaciones de los expertos y que asume la Generalitat recogen concretamente «cinco «grandes demandas» como que la población ajustada «haga desaparecer los fondos discrecionales, que impiden un reparto justo» con la eliminación de las variables no poblacionales; cambios técnicos para recalcular las variables para «hacerlas más reales»; un nuevo modelo con suficiencia financiera ; la redistribución más eficiente de los recursos entre la Administración central, autonómica y local» y una solución para la deuda autonómica.
Puig solicita que en sanidad, se utilice la población de derecho por tramos de edad, en lugar de la población protegida. Además, solicita que, en materia educativa, se incluya la totalidad de la población de 0 a 17 años y que, en enseñaza superior, se ponderen las tasas netas de escolarización. En servicios sociales, solicita que se incorpore la población dependiente de menos de 65 años y se ajuste el peso de esta variable al que realmente tiene en el gasto social. Además, con respecto al resto de servicios sociales, sugiere una ponderación superior a la planteada.
«Los valencianos queremos equidad, no privilegios; queremos transparencia, no discrecionalidad; queremos suficiencia dinámica, no rigidez; queremos compensación de la deuda, no olvido; queremos, en una palabra, justicia», ha señalado Puig, que considera esta «una reivindicación de toda la sociedad valenciana y de todas las fuerzas políticas».
Unión en las alegaciones
A la salida de la reunión, sindicatos, partidos políticos y la patronal han valorado «positivamente» el informe presentado por los expertos que aseguran no solo piensa en los beneficios para la Comunitat Valenciana sino también en el resto del Estado. Han mostrado así unión y consenso frente a las alegaciones que se remitirán al Gobierno de España.
Por su parte, el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado que este documento tiene «toda su credibilidad» y que cuenta con el apoyo de los populares porque va en la línea de lo que ellos defiende, a falta de revisarla en profundidad. También ha apelado al Gobierno y se ha preguntado cual es el siguiente paso tras las alegaciones porque «la Comunitat Valenciana no puede esperar ni un minuto más». «La pelota vuelve a estar de nuevo en el tejado de Pedro Sánchez. ¿Qué va a pasar a partir del 31 de enero?» ha indicado.
Àgueda Micó, coportavoz de Compromís, ha señalado que desde su formación se seguirá con la «presión» para reformar el sistema y anima al resto de diputados y senadores valencianos a convencer con pedagogía al resto para que apoyen este nuevo modelo. Mientras que la síndica de Podem, Pilar Lima, se ha mostrado «orgullosa» de que se haya abierto el «melón de la financiación» y ha pedido que se «amplíe el pastel» con una reforma fiscal y se compense la «impagable ya» deuda histórica.
«La infrafinanciación valenciana es un problema enquistado desde hace décadas por falta de voluntad real política» ha remarcado la síndica de Compromís, Ruth Merino, que también ha instado a Pedro Sánchez ha convocar una reunión con las diferentes comunidades autónomas
Para la patronal (CEV) y su presidente, Salvador Navarro, la propuesta del Gobierno es «técnicamente mejorable» y ha pedido que el nuevo sistema incluya un fondo de nivelación y una compensación para acabar con la deuda valenciana que asegura se sitúa cerca del 50%.
El secretario general de UGT, Ismael Sáez, ha afirmado que apoyan la propuesta «sin fisuras» y de «manera unánime» y que valora que la propuesta no solo cubra las necesidades de la Comunitat Valenciana sino también del resto del sistema, al igual que la secretaria de CCOO, Ana García, quien también ha solicitado «alturas de medidas» para llegar a una acuerdo y una reforma fiscal a medio plazo que aumente los recursos para un reparto equitativo.
