El juzgado que investiga el supuesto expolio del patrimonio de una anciana con alzhéimer en València ha abierto una línea de investigación por un posible delito de homicidio en grado de tentativa. Esto ha ocurrido tras constatarse la presencia de una sustancia química potencialmente mortal en el organismo de la víctima.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, este posible delito no se atribuye por el momento de forma directa a ninguno de los investigados. Sin embargo, se analiza a raíz de un informe médico que acredita la existencia de una sustancia que podría resultar letal para una persona de la edad y patologías de la mujer afectada.
La investigación principal se sigue por delitos de estafa, apropiación indebida y hurto. Esto se da sin perjuicio de una posterior calificación jurídica en función del avance de las diligencias.
Libertad provisional para los investigados
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de València ha recibido a los cinco detenidos durante su servicio de guardia. Posteriormente, ha acordado su libertad provisional, conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal.
Para cuatro de los investigados —dos abogados, la cuidadora de la víctima y otro particular— el magistrado ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. Además, tienen la obligación de comparecer en sede judicial cada quince días.
En el caso del quinto investigado, un notario, el juez no ha adoptado medidas cautelares. Esto se debe a que los indicios de su participación en los hechos son menores que los existentes respecto a los otros cuatro.
Una víctima especialmente vulnerable
La víctima es una mujer de 80 años que padece alzhéimer, según ha confirmado la Policía Nacional. Además, llegó a ser hospitalizada tras detectarse la presencia de tóxicos en su cuerpo durante su atención médica.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio, tras la denuncia presentada por la familia. Esta denuncia alertó de la creciente dificultad para contactar con la mujer o mantener encuentros presenciales con ella.
Al revisar su situación patrimonial, los familiares comprobaron que la totalidad de sus bienes inmuebles habían sido vendidos. Presuntamente, esto ocurrió mediante operaciones realizadas con el asesoramiento de dos abogados que actuaban también para la parte compradora.
Operaciones inmobiliarias por valor muy inferior al real
Según las pesquisas, las ventas se realizaron por importes muy inferiores al valor real de mercado y todas se formalizaron ante el mismo notario. Incluso en el caso de la vivienda habitual de la víctima, transmitida en régimen de nuda propiedad, se establecieron condiciones especialmente gravosas. Estas condiciones contemplaban la posible pérdida del usufructo.
Como consecuencia de estas operaciones, los beneficios obtenidos ascenderían a unos 785.000 euros. Se investiga ahora este perjuicio económico junto a las posibles responsabilidades penales derivadas de la situación personal y sanitaria de la víctima.
La causa continúa abierta y bajo secreto parcial. Mientras tanto, el juzgado avanza en el esclarecimiento de los hechos y en la nueva línea de investigación relacionada con la posible tentativa de homicidio.
