FACUA Comunidad Valenciana se ha reunido este miércoles 19 de noviembre con representantes del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia para mostrarle su preocupación por la aplicación de la nueva tasa de basuras en la ciudad. En el encuentro han participado Pau Bernad, secretario general de la asociación de consumidores y Papi Robles, Eva Coscollá y Sergi Campillo en representación del partido político.
Pau Bernad les ha trasladado los incumplimientos que FACUA ha detectado en la ordenanza aprobada a finales de 2024 que regulará la nueva tasa de recogida y transporte de residuos en Valencia. Así, dicha ordenanza sube las cuotas pero no justifica económicamente el coste real ni acredita la no duplicidad de cobros. El Ayuntamiento de la ciudad alega pago por generación, pero no se implementa técnicamente. Además, no hay mejoras reales vinculadas a la tasa y utiliza el consumo anual de agua del domicilio como base tributaria.
Del mismo modo, las bonificaciones que se aplican son muy justas y con barreras burocráticas para los posibles beneficiarios. Tampoco se demuestra que no haya doble pago por parte del consumidor. En conclusión, FACUA Comunidad Valenciana considera que la ordenanza de la tasa en Valencia no se ajusta al espíritu de la directiva europea.
El secretario general de la asociación ha recalcado que la cuantía de la tasa debe tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente y su capacidad de generación de residuos. También poder individualizarse en base a su comportamiento, incluyendo incentivos a comportamientos que requieren la identificación del usuario y establecer reducciones o bonificaciones de la cuota para usuarios y/o colectivos vulnerables y en situación de exclusión social.
Plataforma de afectados por el ‘basurazo’
Pau Bernad ha informado al grupo municipal de Compromís sobre la plataforma de afectados para reclamar la devolución de la nueva tasa de basuras que ha puesto en marcha FACUA-Consumidores en Acción.
De momento, los municipios en los que la asociación ha detectado irregularidades son Madrid, Badajoz, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora, aunque se encuentra analizando ordenanzas de otros lugares para confirmar si también es reclamable.
Esta nueva tasa tiene su origen en la trasposición de una directiva europea en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes cuenten con una tasa de basuras que refleje el coste real de este servicio, se mejore la gestión de los residuos y quien más ensucie y menos recicle pague más por el servicio.
Así, muchos ayuntamientos han aprobado en sus ordenanzas nuevas tasas destinadas a sufragar lo que cuesta recoger, transportar y tratar los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, en muchos municipios se han limitado casi en exclusiva a subir la tasa, sin tener en cuenta los requisitos necesarios para ello.
