Las familias del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) L’Om de Picassent siguen esperando la recuperación del dinero adelantado para el viaje de fin de curso que contrataron en 2019. Un año y medio después tan solo han recibido por parte de la agencia de viajes Nautalia Viajes S.L la cantidad de 169 euros del total que pagaron por la excursión.
Todo empezó en noviembre de 2019, cuando familias del IES L’Om de Picassent contrataron con esta agencia un viaje escolar a Holanda por 565 euros, adelantando la totalidad del precio. Lamentablemente, como consecuencia del Estado de Alarma y la imposibilidad de moverse por todo el territorio nacional e internacional, el viaje previsto del 25 al 29 de marzo de 2020, fue cancelado.
Desde entonces, las familias afectadas no han parado de reclamar a Nautalia Viajes el reintegro del importe pagado. Es más, ante la pasividad de la agencia y los pretextos utilizados para no proceder a su devolución, el propio IES L’Om, en nombre de las familias, presentó una reclamación ante los Servicios Territoriales de Turismo de Valencia. Sin embargo, éstos no son competentes para resolver este tipo de conflictos, por lo que a fecha de hoy las familias siguen esperando.
Pero al parecer no son las únicas familias afectadas por la agencia de viajes Nautalia Viajes. Desde OCU València explican que han tenido conocimiento de que hay más institutos en la Comunitat Valenciana a los que tampoco se le ha reembolsado el dinero por las cancelaciones de los viajes de fin de curso.
Además, la Conselleria de Consumo de la Comunitat Valenciana recibió en el año 2020, alrededor de 1.185 reclamaciones y denuncias de ciudadanos valencianos contra agencias y empresas de transporte por problemas con la cancelación de la viajes por el Covid-19.
La ley ampara la devolución
La Delegación de OCU Valencia denuncia que, a pesar de haber pasado más de un año desde la Declaración del Estado de Alarma, y de que la Ley ampara la devolución del importe abonado en caso de que el organizador haya cancelado el viaje como consecuencia de las medidas adoptadas por la Covid-19.
Ante la gravedad del problema y el tiempo transcurrido sin que se hayan adoptado soluciones eficaces tanto para los alumnos de este Instituto, como para el resto de los consumidores afectados, OCU considera imprescindible la intervención de la Consellería de Consumo de la Comunitat Valenciana. Y que, así mismo, inicie de oficio las inspecciones pertinentes a las empresas que están incumpliendo la legislación en un claro perjuicio del consumidor valenciano, con sus correspondientes sanciones en su caso.
Según han informado la familias afectadas, «en última estancia» procederán a la reclamación judicial aunque suponga «un mayor coste y tiempo». Desde OCU explican que «la solicitud judicial llevaría aparejada la solicitud de condena en costas por dilatar de manera indebida el reintegro del dinero a los consumidores».
