Traducido al alemán, el apellido de un empresario entonces desconocido, Francisco Correa, bautizó hace 16 años a la trama Gürtel (‘cinturón’ en esa lengua), imagen de una época de la corrupción en España, de obras infladas y grandes eventos, que sacudió al PP, con condenas a dirigentes y una moción de censura que le sacó de la Moncloa.
La Audiencia Nacional inicia el próximo lunes el último juicio de esta macrocausa, el de la pieza principal de un gigante judicial que fue troceado en trece ramas y que ha tenido de todo: tres condenas al PP, dos absoluciones del expresidente valenciano Francisco Camps, el paso de un tesorero por prisión o la declaración, como testigos, de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.
Han pasado 16 años desde que el juez Baltasar Garzón ordenara, en febrero de 2009, las primeras detenciones en una operación contra la corrupción que había anidado en Madrid y Valencia. No sabía entonces Garzón que este caso le costaría su carrera. Fue inhabilitado en 2012 por autorizar escuchas en prisión entre detenidos y abogados.
Como en muchos casos de corrupción, hubo un denunciante. Un concejal del PP en Majadahonda (Madrid) destapó el caso con grabaciones de conversaciones con la trama entre 2005 y 2007. Era José Luis Peñas, indultado en 2024.
Más de una decena de juicios después, EFE repasa los principales hitos del caso a las puertas de su último juicio.
Los cabecillas
Toda trama tiene líderes y en Gürtel son tres: Francisco Correa, ‘don Vito’, el jefe de la red y del Grupo Correa; su número dos, Pablo Crespo, secretario de Organización del PP gallego entre 1996 y 1999; y el hombre en Valencia, Álvaro Pérez Alonso ‘El Bigotes’, responsable de Orange Market.
Desde 1999 hasta 2009 la red se dedicó a manipular concursos públicos para lucrarse gracias a márgenes desproporcionados, partidas duplicadas o gastos inexistentes; un ‘modus operandi‘ que incluía comisiones y regalos a políticos del PP a cambio de amañar adjudicaciones, según han probado distintas sentencias.
Entre 1999 y 2005, percibió por contratos públicos cerca de 8.400.000 euros.
Cuando estalló el caso, sus cabecillas eran desconocidos para el gran público, pero pronto dejaron de serlo: las televisiones repitieron una y otra vez la imagen de Correa y El Bigotes llegando a la boda de la hija de Aznar.
En la cárcel ingresaron en 2017 y los tres han acabado colaborando con la Justicia, tras largas condenas de cárcel, como la de 51 años que recayó sobre Correa por la primera época de Gürtel.
El despliegue de la trama: de Arganda a Jerez y hasta un papa de visita
La Justicia ha constatado que la Gürtel fue «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» que se desplegó por distintas comunidades (la de Madrid, la valenciana o Castilla y León) o el municipio andaluz de Jerez gracias a su «estrecha y continua relación con influyentes militantes» del PP.
Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Arganda o Majadahonda fueron algunos de los municipios madrileños donde la trama extendió sus «necesarias redes de corrupción» y llevó a prisión a sus alcaldes, como el del primero, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla.
Actos electorales del partido -como los que llevaron a probar la financiación ilegal del PP valenciano-, adjudicaciones para la feria de turismo Fitur, contratos de AENA para eventos o contrataciones de obra pública, mordidas mediante, han ido protagonizando sentencias en las que ha salido incluso un papa, Benedicto XVI, por la adjudicación de las pantallas durante su visita a Valencia en 2006.
Los condenados: exdirigentes del PP o un expresidente del Real Madrid
La plantilla de condenados roza el centenar y en sus filas se encuentran, además de los cabecillas, empresarios, alcaldes y dirigentes del PP, incluido su tesorero y exsenador, Luis Bárcenas (30 años).
Una pena de 4 años de prisión por financiación ilegal recayó en el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa; y diez más (14) al exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda en un caso que supuso la dimisión de su mujer, la exministra Ana Mato, condenada a una multa como partícipe a título lucrativo.
A 31 años de cárcel fue sentenciado un consejero madrileño, Alberto López Viejo; a 36 el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, El Albondiguilla, y a 5 el de Arganda del Rey, Ginés López.
Son ejemplos de políticos sentenciados por un caso que también incluyó a muchos empresarios, como el expresidente del Real Madrid y de Martinsa Fernando Martín, condenado a 3 años y 4 meses tras admitir que pagó 25 millones de euros a Correa.
El Partido Popular fue condenado tres veces: por lucrarse en la primera etapa de la Gürtel (245.000 euros de multa), en la trama de Boadilla (204.198 euros) y como responsable civil subsidiario en las obras de su sede pagadas con dinero negro.
Los papeles del tesorero, la caja B y la moción de censura
El caso Gürtel derivó, en 2013, en el caso Bárcenas. Una cuenta millonaria en Suiza y anotaciones sobre supuestos sobresueldos, incluida la de M. Rajoy, centraron la polémica en el tesorero.
Bárcenas y el PP pasaron de los acuerdos iniciales al choque. De pagarle el partido hasta 2012 lo que Dolores de Cospedal bautizó como una «indemnización en diferido en forma de simulación» a las acusaciones del tesorero, la destrucción de sus discos duros -un caso del que el PP fue absuelto- y la supuesta operación Kitchen para hacerse con sus documentos, que se juzgará en abril.
En 2018, la Audiencia Nacional consideró «plenamente acreditada» la existencia de una caja B en el PP desde 1989 y aquella sentencia precipitó la moción de censura que tumbó el Gobierno de Rajoy. Al revisarla, el Supremo vio excesiva esa alusión, aunque no la corrigió.
Después, otra sentencia, la de las obras de la sede, habló de una contabilidad paralela manejada por el tesorero, pero no dio validez total al conjunto de unos papeles con «discordancias y errores».
Absoluciones, trajes e investigaciones archivadas
La andadura judicial del caso Gürtel comenzó con una absolución: la de Francisco Camps y su número dos en el PP valenciano, Ricardo Costa, a quienes un jurado popular declaró «no culpables» de haber recibido regalos de la trama en forma de trajes.
Doce años después, la Audiencia Nacional volvió a absolver a Camps al no haber pruebas de que ordenase adjudicar un contrato a la red. En aquel juicio se oyó de nuevo aquel «amiguito del alma» con el que El Bigotes llamó al expresident, pero el tribunal dejó claro que «en absoluto» podía deducirse que hubiese trato de favor.
Y ese mismo año, en 2022, un juez dio carpetazo a la convulsa investigación que quedaba abierta sobre los papeles de Bárcenas, la que trataba de vincular las donaciones al PP a la adjudicación de contratos públicos.
¿Dónde están ahora? Salidas de prisión
Tras años en prisión, la situación de los principales condenados se ha flexibilizado: Correa y Crespo disfrutan desde hace tiempo del tercer grado, tras cumplir la mitad de su condena, y Álvaro Pérez, El Bigotes, ya puede pasar fines de semana alternos en casa.
También Bárcenas logró el tercer grado en 2024 -poco después que su mujer, Rosalía Iglesias- tras su paso por la cárcel de Soto del Real y por un centro de inserción social (CIS).
El último juicio
El lunes volverán al banquillo Correa, Crespo, sus asesores fiscales, empresarios, presuntos testaferros y nombres vinculados al Grupo Correa. Incluso estará el primo del primero, que fue detenido junto a él en 2009 y también pasó por prisión.
El juicio, marcado por previsibles acuerdos de conformidad, girará en torno a los posibles delitos fiscales y el blanqueo del dinero obtenido de las actividades de la trama.
Miriam Mejías y María López
