07:02 - viernes, 23 febrero 2024

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La fiscal superior del TSJCV alerta del ‘preocupante incremento’ de delitos sexuales por menores de 14 años

Teresa Gisbert ha reclamado un plan nacional de formación afectivo sexual en colegios, una escuela de padres y herramientas para controlar el acceso a la pornografía

La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ha reclamado este lunes un plan nacional de formación afectivo-sexual en los colegios adecuada a la edad de los escolares para tratar de prevenir “el preocupante claro incremento” de las agresiones sexuales, sobre todo entre menores, así como “una escuela de padres” para que les enseñen a trasmitir a sus hijos “educación en valores de igualdad, solidaridad y empatía” y herramientas para controlar el acceso a la pornografía en las nuevas tecnologías.

Gisbert, en la presentación en Les Corts de la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana con los datos de 2022, ha expuesto que los fiscales especialistas apuntan a la confluencia de diversos factores para el “preocupantísimo” aumento de las agresiones sexuales de menores, pero sobre todo destacan “la carencia de una adecuada formación afectivo sexual, el acceso precoz a material pornográfico –desde los 10 años– que conduce a la trivialización de las conductas violentas y una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas”.

A su juicio es “aterrador” que la formación afectivo-sexual la esté enseñando la pornografía “con el enorme peligro que ello tiene”. Por ello, ha defendido un plan nacional de educación en las escuelas que marque un planteamiento general porque “es el futuro de la sociedad” y en ese sentido defiende que en el plan de regulación en el acceso a la pornografía que está impulsando el Gobierno se establezcan medios para acreditar que se es mayor de edad respetando la protección de datos.

Procedimiento de protección reeducativo

Por otra parte, ha rechazado rebajar la edad penal del menor sino que ha defendido, en su opinión personal, establecer “un procedimiento estrictamente de protección reeducativo” para los menores de 14 años que cometen delitos graves con intervención del equipo técnico de Fiscalía y una sentencia del juez de obligado cumplimiento para todos, incluidos los padres ya que en la actualidad, salvo que se declare la tutela y se desampare el menor, “todo queda en los medios disponibles de los servicios sociales” y en la “voluntariedad” de los progenitores.

Por contra, ha destacado que el equipo técnico de Fiscalía permite realizar una valoración de los factores de riesgo, del entorno familiar, social, y educativo de ese joven para hacer “un traje a medida” de las medidas reeducativas y de protección que necesita el menor, que el juez dictará una sentencia de obligado cumplimiento, que puedan suponer una libertad vigilada con tratamiento psicológico o asistencia.

Gisbert ha incidido en que los agresores menores deben “comprender la gravedad de los hechos y hay que proporcionarles los necesarios para que evolucionen en su propia conducta” porque advierte: “Si no intervenimos antes de los 14 años con medidas educativas, ese niño cumplirá 18 y seguirá en la rueda”. “La educación es la única forma de prevenir y ahí tenemos que tomar medidas muy, muy, muy urgentes y necesarias”, ha apostillado.

Respecto a la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’, ha comentado que lo que “más consecuencias” ha supuesto es “el trabajo que nos ha dado en la revisión de las sentencias” pero ha señalado que “no tiene nada que ver” con que “aumenten o no aumenten los delitos contra la libertad sexual”.

Juzgados de lo penal especializados en violencia de género

Por su parte, Teresa Gisbert ha pedido también juzgados de lo penal especializados en violencia de género y que esta especialización “abarque todos los estamentos, desde abajo hasta arriba, incluyendo el Tribunal Supremo”.

Ha recalcado al respecto que en violencia de género, es “especialmente necesario prevenir” estos asesinatos porque “la Justicia actúa, pero cuando actuamos el daño está hecho” y “también evitar las gravísimas consecuencias perjudiciales de todo tipo, que se derivan en los ámbitos físico, psicológico, económico y sexual”.
Por ello, defiende “tener juzgados de lo penal especializados, una sala de la Audiencia especializada y tiro más arriba, también el Tribunal Supremo, al menos con un magistrado, porque el más alto tribunal no puede ser ajeno a ello”, ha apuntado.

Gisbert, cuestionada por la eliminación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Xàtiva, ha defendido que “unificar la especialización y tener en un mismo sitio absolutamente todas las medidas de apoyo a las víctimas es más importante que tener el juzgado en la puerta de tu casa”. Del mismo modo, ha resaltado la importancia de los dispositivos electrónicos, pero asegurando su “buen funcionamiento” porque “se detecta algunas deficiencias”.

Del mismo modo, se ha referido a “la importancia y la grave incidencia” que tiene la dispensa de las víctimas de la obligación de declarar recogida en el artículo 416 de la Lecrim porque supone “el mayor motivo” de sobreseimiento o de absolución en todas las causas de violencia contra la mujer. Así, ha aludido a los fallos que se producen tras la reforma de 2021 donde se moduló que una vez hubiera denunciado, la víctima no podría acogerse a la dispensa, pero “en algunos juzgados no se hace correctamente bien la información de derechos”.

Crítica a la eliminación de funcionarios de refuerzos

Además, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana ha criticado este lunes la eliminación en 2023 de funcionarios de refuerzos, así como que, pese a las mejoras, siga habiendo espacios para el ministerio público “indignos e insalubres”.

Gisbert, en la presentación en las Corts de la memoria de la Comunitat Valenciana correspondiente al año estadístico 2022, ha destacado que a raíz de la entrada en vigor de la ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, se dotó de trabajadores sociales Alicante, Valencia y Castellón, algo “fundamental” para toda la revisión de las tutelas.

Sin embargo, ha lamentado que en 2023 se ha producido un cambio “negativo” al “eliminar” refuerzos de funcionarios que llevan años en las Fiscalías y que “corresponden a plazas que debían ser estructurales y por lo tanto ser ya titulares”, pero que no se han renovado pese a ser “muy necesarios”.

Así, ha apuntado que Alicante que disponía de siete refuerzos se han eliminado dos; en la Fiscalía de Área 8 de Orihuela que disponía de cuatro se han eliminado dos, mientras que en la Fiscalía de Área de Benidorm- Dénia “nunca han tenido refuerzos, por lo tanto no se han podido eliminar”. Por ello, ha recordado que lleva años reclamando la figura de un gestor que dirija la Oficina Fiscal.

En Castellón, que disponía de diez refuerzos, se han eliminado cuatro, dos en Castelló y dos en Vinaròs, y la plantilla no se ha aumentado desde 2012; mientras que en Valencia, que disponía de 24 refuerzos, tres se reconvirtieron en plantilla, pero se han eliminado seis.

“El problema es que la Fiscalía no es un juzgado de instrucción o de primera instancia, sino que tiene unas competencias, unos servicios y un volumen de trabajo que excede y que no se puede contar como unidad administrativa lo que corresponde a un juzgado con lo que corresponde una fiscalía del tamaño de Alicante, Valencia y Castellón”, ha señalado.

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