La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana sostiene que, en este momento, no hay indicios con la solidez necesaria para imputar a Carlos Mazón en la causa abierta por la DANA del 29 de octubre de 2024.
En su escrito, el Ministerio Público pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que devuelva el procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja para que continúe la investigación.
Pronunciamiento
El pronunciamiento responde a la exposición razonada que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, al apreciar indicios de responsabilidad penal en la gestión de la emergencia.
Este trámite se activa cuando se aprecia que la causa podría corresponder al alto tribunal por la eventual condición de aforado, y tiene como objetivo que el TSJCV valore si asume o no la investigación.
La Fiscalía afirma que ‘en este momento no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación’.
Al mismo tiempo, advierte de que ‘no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones’ o ‘puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis’ de que el expresident ‘hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024’.
Por ello, solicita que se devuelva la causa al órgano instructor sin cerrar la puerta a futuras actuaciones si la instrucción aporta bases más firmes.
La devolución del expediente permitiría que el juzgado de Catarroja siga practicando diligencias, como la toma de declaraciones y la incorporación de documentos, para esclarecer si hubo decisiones u órdenes relevantes durante la emergencia. El núcleo de la investigación se centra en la gestión de una catástrofe que dejó 230 fallecidos y cuyos hechos requieren un análisis detallado de la cadena de decisiones y responsabilidades administrativas.
Alegaciones de las partes
El TSJCV fijó para este lunes a las 15:00 el cierre del plazo de alegaciones a la exposición razonada. Este trámite permite a las partes fijar postura sobre la competencia y el alcance de la investigación antes de que la Sala decida. Entre los escritos presentados, la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, pide el sobreseimiento libre de la causa y, de forma subsidiaria, que si se investiga a Mazón el TSJCV asuma sin más dilación la totalidad del procedimiento.
Por su parte, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, solicita que, en caso de admitir la investigación contra Mazón, el Tribunal Superior concentre toda la causa. La acusación popular ejercida por la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 reclama que no se aplique el aforamiento del expresident y que la investigación continúe en el juzgado de Catarroja.
Debate sobre la competencia y el aforamiento
Con estos posicionamientos, el debate sobre la competencia y el aforamiento condiciona el rumbo del proceso: de la decisión del TSJCV dependerá si la causa se queda en el juzgado de origen o pasa al alto tribunal. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene que su criterio es provisional y supedita cualquier imputación a que la instrucción aporte indicios más consistentes.
