La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de prisión de hasta 3 años para la concejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero por la difusión reiterada de mensajes de odio contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de la red social Twitter, actualmente X, entre los años 2020 y 2024.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la sección de Delitos de Odio del Ministerio Público secunda la apertura de juicio oral y reproduce una treintena de los referidos mensajes.
La Fiscalía sostiene que, durante al menos cuatro años, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público para publicar mensajes dirigidos a “propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.
Fomento del odio y la hostilidad
Por ello, atribuye a la procesada la autoría de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por fomentar el odio y la hostilidad mediante expresiones vejatorias, deshumanizadoras y estigmatizadoras, aunque plantea alternativamente una calificación menos grave dentro del mismo precepto penal (510.2 del CP).
En consecuencia, la primera petición es de 3 años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, pero subsidiariamente se pide una condena de un año y dos meses de prisión y multa de ocho meses.
En ambos supuestos interesa también la inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo periodo que la pena de prisión.
Estigmatización
El escrito detalla que la acusada gestionaba cuentas con miles de seguidores, abiertas sin restricciones, desde las que difundía de forma “masiva e indiscriminada” mensajes dirigidos a estigmatizar a personas migrantes, especialmente de origen magrebí o musulmán, así como a integrantes del colectivo LGTBI, personas racializadas y personas con discapacidad.
Según la Fiscalía, estos mensajes asociaban de forma generalizada la inmigración con la delincuencia, la invasión del territorio y el deterioro de los servicios públicos.
La acusación subraya que la procesada vinculaba de manera reiterada el origen nacional, el color de la piel o la religión de determinadas personas con conductas delictivas, utilizando expresiones de burla y menosprecio y recurriendo en ocasiones a una selección “interesada y manipulada” de noticias para generar alarma social.
A juicio del Ministerio Público, este discurso tenía un especial impacto al dirigirse de forma concreta a la ciudadanía de València y al producirse en el contexto de la actividad política de la acusada.
Entre los mensajes recogidos en el escrito se incluyen respuestas a publicaciones de medios de comunicación y de otros usuarios de la red social en las que se emplean términos despectivos hacia personas migrantes, se reclama su expulsión del país, se cuestiona la identidad de menores extranjeros no acompañados y se realizan comentarios vejatorios sobre personas LGTBI y con discapacidad.
Reiteración de este tipo de publicaciones
La Fiscalía destaca la reiteración de este tipo de expresiones a lo largo de varios años y su carácter público y accesible.
El Ministerio Público no aprecia circunstancias atenuantes ni agravantes y considera que la acusada actuó de forma consciente y voluntaria. En el escrito también se interesa el decomiso de las direcciones URL concretas a través de las cuales se difundieron los contenidos objeto de acusación, al amparo de la legislación sobre servicios de la sociedad de la información.
Estos hechos fueron denunciados inicialmente por Compromís en abril de 2024 y posteriormente se sumó el PSPV, que aportó más mensajes a la Fiscalía.
