La Policía Nacional ha desmantelado en Gandia una organización criminal dedicada a empadronar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros a cambio de dinero.
La operación se salda con cinco detenidos —tres hombres y dos mujeres de entre 28 y 47 años— investigados por falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó en julio, tras las denuncias de varios vecinos que descubrieron que personas desconocidas figuraban empadronadas en sus domicilios sin consentimiento.
Las primeras pesquisas permitieron confirmar que el grupo operaba de forma estructurada, con funciones muy definidas y un alto nivel de especialización. La actividad ilícita se habría prolongado entre abril de 2023 y agosto de 2025.
127 empadronamientos irregulares y víctimas de edad avanzada
Los agentes identificaron 15 víctimas, todas ellas propietarias de viviendas en Gandia y en su mayoría personas de edad avanzada. En algunos casos, llegaron a aparecer más de diez personas empadronadas en un mismo domicilio sin conocimiento de los propietarios. La Policía constató un total de 127 empadronamientos fraudulentos.
Para obtener los datos personales necesarios, los investigados recurrían a sustraer correspondencia de los buzones —en ocasiones forzándolos— y posteriormente elaboraban contratos de arrendamiento falsos que incluían incluso referencias catastrales. Estos documentos eran presentados ante el padrón municipal para formalizar los registros ilegales.
Beneficios económicos superiores a 50.000 euros
La organización cobraba entre 200 y 1.000 euros por cada empadronamiento, siempre en efectivo y sin recibo, con el fin de evitar cualquier control. La Policía estima que el grupo habría obtenido más de 50.000 euros de beneficio económico, además de unos 3.000 euros adicionales por falsos contratos de alquiler.
Estos empadronamientos fraudulentos facilitaban la inmigración irregular, ya que permitían a los ciudadanos inscritos acceder a certificados de padrón, imprescindibles para solicitar derechos de residencia, tarjetas sanitarias u otros beneficios administrativos.
Cinco detenidos y una investigación aún abierta
La operación se ha saldado con cinco detenciones, aunque la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Tras prestar declaración, los arrestados quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.
