La Generalitat ha sacado a información pública el proyecto de decreto que fijará las directrices y criterios para el desarrollo del sector del juego en la Comunitat Valenciana en los próximos años. La norma busca ordenar la implantación de establecimientos y elementos de juego dentro de un marco que combine la seguridad jurídica, la protección de la salud pública, la libertad personal de acceso a esta forma de ocio y la libertad empresarial.
El texto parte de un estudio sobre el impacto social y sanitario del juego en la Comunitat Valenciana, coordinado por la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública con colaboración de la Conselleria de Sanidad. Ese análisis examina la situación epidemiológica y la prevalencia del juego problemático, junto a variables demográficas, niveles de renta y la evolución normativa, además de comparar la situación valenciana con la de otras comunidades autónomas.
La directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez, ha señalado que con este decreto «damos cumplimiento a lo previsto en la Ley del Juego y establecemos un marco de planificación que permite ordenar el desarrollo del sector en la Comunitat Valenciana desde criterios de responsabilidad, equilibrio territorial y protección de la ciudadanía».
Según recoge el estudio, la prevalencia del juego problemático lleva años descendiendo en la Comunitat Valenciana, aunque sigue ligeramente por encima de la media española. La Generalitat atribuye esa evolución al trabajo de las Unidades de Prevención Comunitaria de las Conductas Adictivas y de las organizaciones no gubernamentales que desarrollan tareas de prevención y apoyo.
Al mismo tiempo, el diagnóstico constata que la Comunitat Valenciana presenta una presencia de locales de juego por habitante superior a la media nacional en varios subsectores. Ese contexto ha llevado al Consell a mantener medidas de planificación con las que pretende evitar un aumento de la exposición al juego, especialmente entre los colectivos más vulnerables.
Domínguez ha defendido que las medidas «se sustentan en un análisis riguroso del impacto del juego en la Comunitat Valenciana y permiten adoptar decisiones fundamentadas orientadas a evitar un incremento no deseado de la implantación de establecimientos».
Limitaciones a nuevas autorizaciones
Uno de los ejes del proyecto de decreto pasa por mantener la limitación a nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio en locales de hostelería. Solo se admitirán en casos de sustitución de máquinas ya existentes y la máquina reemplazada deberá ser destruida, con el objetivo de favorecer una reducción paulatina de este tipo de elementos en espacios sin control de admisión.
La misma lógica se aplicará a salones de juego, bingos y locales específicos de apuestas, ya que no se permitirá incrementar su número en la Comunitat Valenciana. Las nuevas autorizaciones solo podrán concederse cuando deriven del traslado de otros establecimientos que ya estén en funcionamiento.
En el caso concreto de los salones de juego y los locales específicos de apuestas, esos traslados solo podrán autorizarse cuando el establecimiento de origen no cumpla las distancias mínimas fijadas por la Ley respecto a determinados centros docentes o centros de protección específicos para menores con problemas graves de conducta.
La directora general ha explicado que el objetivo «es reducir la exposición al juego y reforzar las actuaciones de prevención y minimización de riesgos, especialmente en relación con los colectivos que requieren una protección reforzada, garantizando al mismo tiempo un desarrollo responsable de esta actividad».
Revisión de la norma y mejora de los registros
El proyecto incorpora además un sistema de evaluación periódica. La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública deberá elaborar, como máximo cada cinco años, un estudio sobre la situación del sector para medir la eficacia de las medidas y decidir, si fuera necesario, nuevas actuaciones de planificación.
La Generalitat considera que ese plazo permitirá valorar tanto los efectos de la Estrategia valenciana integral de prevención y tratamiento del juego patológico como los resultados de los planes de inspección impulsados en esta materia. Con ello, la Administración autonómica pretende adaptar sus políticas a la evolución social y sanitaria del territorio.
El decreto también introduce cambios en los registros de control del juego. Por un lado, prevé la baja automática en el Registro General de Juego de los establecimientos de hostelería autorizados para instalar máquinas recreativas cuando hayan cambiado de actividad o lleven más de cinco años sin tener máquinas instaladas.
Por otro, fija que las inscripciones en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego tendrán una vigencia máxima de 20 años, con la intención de mantener actualizada la información y reforzar la utilidad de esta herramienta de protección para personas vulnerables.
