El Ministerio de Transportes ha suspendido la junta general extraordinaria de Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. ante el intento de representantes del Ayuntamiento de València y de la Generalitat de vetar el nombramiento de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como consejera. La decisión, adoptada por el secretario de Estado José Antonio Santano como máxima autoridad del Ejecutivo central en la sociedad, se ha tomado antes de la votación prevista.
Además, se ha dejado sin fecha la convocatoria del consejo de administración que debía celebrarse justo después de la junta. Con ello, quedan en pausa los acuerdos que dependían de esa sesión hasta que, según Transportes, se resuelva ‘esta grave crisis de confianza entre los socios‘. El aplazamiento simultáneo de los dos órganos implica que no hay un calendario operativo para retomar decisiones internas mientras persista el desacuerdo.
Crisis de confianza entre los socios
Desde el Ministerio han descrito lo ocurrido como ‘una crisis gravísima e insólita en el funcionamiento de esta sociedad’. Han añadido que se trata de ‘una actitud injustificable que está generando una situación de la que sólo serán responsables los que la han provocado’.
Las mismas fuentes han subrayado que ‘este intento de veto es una situación inédita no sólo en València sino en el conjunto de España. El Gobierno participa en 19 sociedades de este tipo en el conjunto del Estado y es la primera vez en la historia que se produce un intento de veto sobre una persona. Nunca se ha puesto en duda en forma alguna los nombramientos de consejeros a propuesta de los socios’. Con esa valoración, el Ejecutivo ha enmarcado el choque como un precedente que rompe prácticas habituales de cooperación entre administraciones.
La sociedad, en la que participan el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento, ha funcionado hasta ahora sobre la base de que cada socio proponga sus representantes. Según Transportes, nunca se había cuestionado en este tipo de sociedades los nombramientos a propuesta de los socios, lo que ha hecho que el intento de veto sea interpretado como una alteración del equilibrio de representación y del funcionamiento ordinario de la entidad.
La suspensión de la junta y del consejo ha dejado sin marco de decisión inmediata a la compañía, de modo que los asuntos que dependían de esos órganos han quedado a la espera de un entendimiento entre las partes. El propio Ministerio ha apuntado que los trabajos internos se retomarán cuando se restablezca la confianza, por lo que la gobernanza de la sociedad ha quedado temporalmente condicionada a ese acuerdo.
El desencuentro ha girado en torno a la propuesta del Ejecutivo central de incorporar a Pilar Bernabé como consejera. El planteamiento de veto por parte de consejeros autonómicos y municipales ha buscado impedir esa designación, lo que ha desembocado en la cancelación de la cita y en un escenario en el que, por ahora, no se ha fijado nueva fecha para reunir a los órganos de gobierno.
