El exvicealcalde, exconcejal en el Ayuntamiento de València y que fuera mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, cobró una comisión de un millón de euros por una operación urbanística a través de las cuentas de Estados Unidos (EEUU) de una de sus hijas, según sostiene la jueza que instruye el caso Azud, del que recientemente se acordó el levantamiento del secreto de las piezas que quedaban –cinco– tras siete años de investigación.
Así se desprende de un auto del Juzgado de Instrucción número 13 de València, de mayo de 2021, y que obra en una de las piezas sobre las que se ha levantado el secreto de sumario de este caso, en el que se investigan presuntas ‘mordidas’ a Grau a cambio de adjudicaciones de obra pública en la ciudad. El exvicealcalde ha sido condenado recientemente a cuatro años y medio de prisión por financiación irregular en el PP de la ciudad y en 2022 a nueve meses de cárcel por aceptar relojes de alta gama de un empresario que suscribió 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015.
En ese auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se efectúa un resumen de la actuación de Alfonso Grau y se le sitúa como un pilar fundamental de la trama. Se indica que percibió comisiones de naturaleza ilícita por favores en el ejercicio de su función pública.
La investigación, concreta la jueza, ha podido constatar la participación del investigado Alfonso Grau en al menos ocho tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas a favor del empresario Jaume Febrer y de empresas de su grupo.
En concreto, se le atribuye al ex cargo público la tramitación de expedientes administrativos de manera “arbitraria” y “discrecional” en favor de los intereses particulares de determinadas sociedades mercantiles pertenecientes al grupo Axis, creado y dirigido por el empresario investigado Jaime Febrer.
A cambio de estas tramitaciones, Grau percibió diferentes comisiones. Para detectarlas, en la causa se indica que se ha efectuado un estudio económico sobre el exvicealcade y su entorno más cercano, sus dos hijas y sus respectivas parejas –una de ellas casada con un súbdito norteamericano residente en Winconsin (EEUU)–.
Este estudio ha permitido identificar la existencia de un incremento patrimonial de origen ilícito que, entre 2004 y 2014, se cuantifica en, al menos, 728.051,75 euros, todos los cuales habrían sido manejados en efectivo e integrados, a través de diferentes vías y procedimientos, en sus patrimonios personales con la intención de ocultar su origen, bien a través de ingresos o bien a través de compras de inmuebles.
Este incremento no justificado y de origen ilícito, continua la jueza, ha aflorado una vez investigado todo su entorno laboral, familiar y societario, ya que Alfonso Grau y su familia están relacionados con diversas sociedades mercantiles, entre ellas, Edificio Familia 3000 S.L. –también investigada–, dedicada al alquiler de locales comerciales.
De esta sociedad –creada realmente por Febrer– Alfonso Grau ostenta el 90% del capital social y el resto de capital social está repartido a partes iguales entre sus hijas. Del estudio de las cuentas entre 2002 y 2014 se desprende que Grau realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas o de su familia directa por un montante de 4l2.725 euros, siempre en cantidades que, por su importe, no estaban sujetas a control financiero o administrativo –inferiores a 3.000 euros–.
LA COMISIÓN DEL MILLÓN
La hija de Grau casada con el súbdito norteamericano contaba con una cuenta en EEUU que, según la jueza, fue utilizada por Febrer para pagar a Grau una comisión de un millón de euros. El objetivo era que el exvicealcalde propiciara una operación urbanística de la mercantil Mediterráneas de Actuaciones Integradas en la que participaba una de las sociedades del empresario, en concreto, Construcciones Valencia Constitución SL, junto con tres empresas más.
La comisión a percibir se pactó en noviembre de 2006 y, para hacerla efectiva, Alfonso Grau facilitó a Febrer la forma de pago de dicha comisión entregándole los datos de la cuenta bancaria titulada por su hija y yerno en EEUU. Pero, tal y como se ha descubierto en la investigación, los datos de dicha cuenta ya se los había proporcionado Grau dos años antes en relación a otra operación inmobiliaria, en la que también intervino.
El caso Azud investiga presuntas ‘mordidas’ a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de València en época de la exalcaldesa del PP Rita Barberá por parte de empresas adjudicatarias. En concreto, la causa se sigue por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Cuenta en Francia
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargada del conocido como caso Azud, apunta a que el exvicealcalde y exconcejal en el Ayuntamiento de la ciudad, Alfonso Grau, intentó abrir una cuenta en Francia para ingresar 300.000 euros aportando un certificado bancario que resultó ser falso.
En esa resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que Grau tenía abiertas tres cajas de seguridad en diferentes entidades bancarias que se cancelaron en 2015, como consecuencia de sus problemas judiciales. En ellas estaban autorizadas sus dos hijas, “colaboradoras en el lavado de activos”, desgrana.
Y este hecho se desveló, según apunta en su escrito, a través de una Orden Europea de Investigación (Comisión Rogatoria) librada a Francia en julio de 2021. También en ella se apuntaba que Alfonso Grau Alonso había intentado abrir una cuenta bancaria en Francia designando como titular a su hija, donde pretendía ingresar la cantidad de 300.000 euros.
Dicho ingreso no se materializó porque se quiso justificar el origen lícito de los fondos que se iban a ingresar con un certificado de un banco que resultó ser “falso”.
La razón que dio la hija para la apertura de la cuenta, según comunicación del banco, era el “riesgo del resultado electoral”, lo que dio origen a transmitir información por sospecha de actividad delictiva a las unidades de inteligencia francesas, que lo reportaron a las españolas.
EL ENTRAMADO
En otro auto de la jueza se desgrana el modo de actuación en Azud. En concreto, se explica que las investigaciones llevadas a cabo revelan la existencia de un entramado que gira alrededor del Grupo Empresarial Axis y a través de su empresa matriz, liderado por el empresario investigado Jaime Febrer.
El entramado giraba en torno a operaciones urbanísticas amañadas a su favor con perjuicio de los intereses de la administración pública. En este contexto, como consecuencia de haber incorporado a sus tramas inmobiliarias al investigado Grau, el empresario logró adjudicaciones de contratos del Ayuntamiento de València y del ente público Aumsa en condiciones que le reportaron “cuantiosos beneficios”.
A cambio de su “imprescindible” participación, Alfonso Grau recibió grandes cantidades de dinero como comisiones ilícitas –entre ellas, una cuenta en EEUU llegó a recibir un millón de euros en distintos ingresos– que se camuflaron a través de operaciones inmobiliarias para hacer aflorar dichas cuantías de dinero, sin perjuicio del dinero metálico que recibió por sus servicios.
“Toda esta cadena de actuaciones se revela nítidamente en toda la documentación intervenida cuando se llevó a cabo, en su día, la entrada y registro en la sede de las mercantiles que conformaban el Grupo Axis, así como todo el material informático recopilado en el registro efectuado, ya que a través del estudio de correos electrónicos, documentos existentes en los archivos, y mensajes telefónicos, entre otros, se ha podido reconstruir el modo y la forma de actuar del Grupo Axis y la participación en los hechos de Alfonso Grau Alonso y su familia”, se añade.
De todo ello se desprende que parte del dinero oculto, siendo dinero producto de blanqueo y obtenido de los sobornos llevados a cabo por Febrer a favor de Grau, “no solo ha resultado beneficiada, con los frutos y productos ilícitos, su familia, es decir, sus hijas, y sus hijos políticos, así como la mercantil Edificio 3000 SL, sino que todos ellos participaron activamente en la ocultación del dinero ilícitamente obtenido y su posterior integración al mercado”, agrega la jueza.Copiar al portapapeles
