Francis Puig, empresario castellonense y hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha acudido hoy al juzgado de instrucción número 4 de València, en calidad de investigado en el marco de una causa abierta por un presunto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al hermano de Puig irregularidades en el cobro de subvenciones públicas.
La investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas entre 2015 y 2018 por empresas en las que participaba el hermano del presidente. Según la denuncia, las compañías investigadas podrían haber recibido más de 600.000 euros, una parte de las cuales eran para el fomento del valenciano.
El escrito que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado al juzgado de instrucción detalla cuatro presuntas irregularidades: la existencia de posibles facturas cruzadas, facturas dobles o que no justifican correctamente los gastos, la imputación de los mismos gastos para justificar las subvenciones diferentes de la Comunidad Valenciana y Cataluña y la omisión de haber recibido más ayudas con la misma finalidad.
El ministerio público ha solicitado a los servicios de intervención de las administraciones implicadas —la Generalitat, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón— que elaboran informes sobre las subvenciones percibidas por cada una de estas sociedades.
Asimismo, este lunes su abogado, Javier Falomir, a la llegada a los juzgados junto a Francis Puig, ha manifestado que estaban “contentos” de poder declarar “para aclarar las dudas y los numerosos errores” que asegura que presenta el informe de la UCO, para poder “cerrar cuanto antes el desafortunado procedimiento que tanto daño está haciendo a mi cliente y a su familia”.
Puig: ‘Es una empresa que deberá dar explicaciones, trabaje quien trabaje en ella»
Al respecto el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que esta empresa «deberá dar las explicaciones que tiene que dar, trabaje quien trabaje en ella” porque cualquier empresa de la Comunitat Valenciana «tiene que tener los mismos deberes y derechos, y nosotros siempre vamos avalar aquello que diga la justicia«.
Asimismo, ha señalado que de momento la Generalitat no participa en esta cuestión, pero que «si en un momento determinado se observa alguna irregularidad también pedirá las compensaciones o lo que corresponda«. «Hemos demostrado desde el año 2015 que estamos aquí para mejorar la reputación de la Comunitat Valenciana y lo hemos venido haciendo y lo haremos siempre esté quien esté afectado».
Po otra parte, ha destacado que está cuestión desde la perspectiva de la Generalitat «quedó clara desde el primer momento» y que fue «el Partido Popular quién intentó involucrar a la Generalitat en esta cuestión y la justicia le dio un portazo«. «Cada uno tiene su forma de actuar en política y sabemos cual es la del Partido Popular» ha concluido.
