El pleno del Consell ha analizado un informe de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la necesidad de fomento de la figura de la Iniciativa de Gestión en Común (IGC) para frenar el abandono de tierras y garantizar a los agricultores unas explotaciones agrarias rentables. Se trata de una figura contemplada en la Ley de Estructuras Agrarias, aprobada en 2019.
El informe señala las particularidades de la agricultura de la Comunitat Valenciana, caracterizada por un pequeño tamaño de explotación que hace casi imposible acometer los cambios estructurales necesarios para que las explotaciones tengan una rentabilidad adecuada.
Según el documento, el tamaño medio de explotación a nivel nacional en 2020, en términos absolutos, es casi 4,5 veces mayor respecto a nivel autonómico, con un porcentaje de crecimiento del 8,9% a nivel estatal, frente al 7,4% de aumento en la Comunitat en el periodo 2009-2020. Además, en los últimos 30 años se han reducido tanto el número de explotaciones como el de la superficie agraria utilizada en la Comunitat.
En este escenario, la Conselleria pretende frenar el abandono de explotaciones mediante la creación de explotaciones con tamaños adecuados y garantía de viabilidad económica y que redunde sobre todo en los agricultores, incluso en aquellos que por sí mismos no pueden alcanzar un tamaño adecuado.
Una IGC se puede formar por un conjunto de personas físicas o jurídicas que ya son titulares de una explotación y voluntariamente desean poner en marcha un plan de gestión para la explotación en común.
Algunas entidades ya han comenzado este camino de gestión en común, que permite alcanzar una mayor viabilidad técnico-económica. Agricultura ve necesario potenciarlo mediante la constitución de un registro de IGC donde se den de alta, baja o modificación estas agrupaciones.
También se propone incentivar la creación de este tipo de entidades mediante tres vías: ayudas con fondos propios para el apoyo a la gestión administrativa y técnica del plan de cada IGC; prioridad en el acceso a determinadas ayudas de la Conselleria, de la misma forma que ocurre en la actualidad con los agricultores profesionales; promoción de la reestructuración de cultivos o la modernización de los regadíos mediante planes colectivos.
